El presidente, Gustavo Petro, acusó este lunes de traición al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, por adjudicar a la compañía Thomas Greg & Sons el contrato para la fabricación de pasaportes, razón por la cual lo destituyó.

"El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada", dijo el mandatario en la red social X.

El Gobierno había suspendido la licitación la semana pasada hasta tanto se revisaran más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas, en medio de una controversia que llevó a la Procuraduría General a suspender del cargo por tres meses al canciller colombiano, Álvaro Leyva.

La Cancillería también había reasignado la competencia para dirigir esta licitación a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encargaría de coordinar los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y relacionados.

Sin embargo, Salazar firmó este lunes la resolución con la que se adjudicó el contrato de 599.000 millones de pesos (unos 149 millones de dólares) a la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons.

Un proceso tortuoso

El Ministerio Público suspendió en enero pasado a Leyva por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.

Leyva acató la decisión y el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como canciller encargado al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo.

Sin embargo, la Procuraduría no suspendió a Salazar por este caso, a pesar de que lo investiga desde septiembre pasado por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.

La Cancillería suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.

Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29,5 millones de dólares de hoy).