La Fiscalía ocupó 23 bienes inmuebles valorados en 65 mil 900 millones de pesos (unos 17,3 millones de dólares) pertenecientes a cuatro contratistas y a la exministra Karen Abudinen, implicados en el fraude al Estado en un contrato para proveer la conexión de internet a más de 7 mil escuelas rurales.

Las propiedades afectadas están ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre y Nariño. También se mencionó a Risaralda, en el Eje Cafetero, en el comunicado de la Fiscalía.

Los bienes ocupados hacen parte del patrimonio de Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares.

Las propiedades forman parte del "patrimonio de algunos de los implicados en los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’, para dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país", señaló el ente acusador.

La investigación determinó que las propiedades supuestamente fueron adquiridas con "recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ ".

En septiembre de 2021, la ministra Abudinen renunció al cargo tras el escándalo. Ella estuvo al frente de esa cartera desde mayo de 2020 hasta septiembre de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022).

Para empezar a ejecutar el contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos (unos 264 millones de dólares), el Gobierno otorgó a Centros Poblados un anticipo de 70 mil millones de pesos (unos 18,4 millones de dólares).

Sin embargo, medios locales como la emisora W Radio revelaron que el contratista, que carecía de experiencia y capacidad para cumplir con lo acordado, presentó tres pólizas de garantía falsas en la licitación y, tras recibir el anticipo, apenas había avanzado en la ejecución del contrato

Por otra parte, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría, también se aplicó una medida cautelar a un inmueble de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen.

Las medidas impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7 mil 277 centros digitales en 16 departamentos del país.

La investigación evidenció que se combinaron bienes lícitos con recursos de origen ilícito, además del uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumento para la comisión de las irregularidades.

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