En la zona rural del municipio de Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, los cultivos de coca crecen a la vista de todos, al borde de los caminos y junto a viviendas, integrados al paisaje cotidiano de esta región del sur de Colombia, fronteriza con Ecuador, donde esta planta sigue siendo la base de la economía local.

En parcelas abiertas y sin mayor ocultamiento, los arbustos verdes de coca se extienden en medio de caminos rurales, mientras campesinos trabajan la hoja en estructuras improvisadas, reflejo de una actividad que, pese a su ilegalidad, permanece activa y normalizada.

Campesinos de la zona, que pidieron no ser identificados por razones de seguridad, aseguran a EFE que "el negocio atraviesa un mal momento" debido al control que ejercen los grupos armados ilegales sobre el precio de la pasta base de coca.

"Ahora la están pagando como a 2 mil 600 pesos (unos 70 centavos de dólar) el gramo, cuando antes llegó a 3 mil 500 y hasta a 5 mil (entre 95 centavos y 1,35 dólares)", relatan al explicar que esta caída del precio ha reducido de forma significativa sus ingresos.

Aun así, reconocen que la coca sigue siendo, en muchos casos, la única opción viable, más atractiva o rentable que cultivos tradicionales. 

"Uno puede sembrar otra cosa, pero sin vías (de comunicación) no hay cómo sacarla", dijeron, en referencia a productos como cacao, plátano, maíz o yuca promovidos en programas de sustitución del Gobierno.

En ese sentido, los campesinos coinciden en que, aunque existen iniciativas estatales como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), las condiciones estructurales impiden que los cultivos legales compitan con la economía de la coca.

"La coca no es solo un cultivo de subsistencia, sino también una decisión económica en territorios donde las alternativas legales no logran competir", resumen.

Un récord que persiste  

Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia alcanzó en 2023 un récord de 253 mil hectáreas de cultivos de coca y se consolidó como el principal productor mundial de cocaína, con buena parte de estas áreas concentradas en departamentos fronterizos como Putumayo.

Ante esa situación, el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, que contesta las cifras y métodos usados por la ONU para medir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína, ha planteado un cambio de enfoque en la lucha contra las drogas, priorizando la persecución de las organizaciones del narcotráfico por encima de los campesinos cultivadores, considerados el eslabón más vulnerable de la cadena.

Sin embargo, en las zonas rurales persisten los desafíos, pues los agricultores advierten que, sin infraestructura adecuada, las ganancias de los cultivos legales terminan en manos de intermediarios que transportan los productos del campo a las ciudades.

La dinámica en esta zona fronteriza también está marcada por lo que ocurre al otro lado del río San Miguel, en Ecuador, donde el endurecimiento de los controles por parte de las autoridades ha reducido la cantidad de cultivos ilícitos en la provincia de Sucumbíos.

Según los campesinos, sembrar coca en territorio ecuatoriano se ha vuelto peligroso por el riesgo de ser capturados en las operaciones contra grupos armados ilegales impulsadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Eso hace que los cultivos ilegales se concentren del lado colombiano donde, lejos de estar ocultos, forman parte del entorno diario de las comunidades.

En este escenario, entre precios a la baja, control armado y limitaciones estructurales, la coca sigue arraigada en Putumayo, evidenciando las dificultades de Colombia para transformar las economías rurales de las zonas históricamente afectadas por el conflicto y la ilegalidad.

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