EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Defensoría del Pueblo expresó ayer "gran preocupación" por la falta de recursos para garantizar la protección a líderes y personas defensoras de derechos humanos, así como a víctimas del conflicto.
La entidad dijo que es "de absoluta relevancia" atender de inmediato aspectos como fallas automotrices constantes, falta de vehículos de seguridad y demoras en el mantenimiento de los mismos para atender a los protegidos.
También urgió a resolver los retrasos en el pago de combustibles y que los vehículos asignados a las personas protegidas no tengan restricciones de circulación. En este contexto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que tomen decisiones administrativas "de carácter urgente" para prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar la vulnerabilidad de los protegidos.
Camargo señaló que "ninguna situación de orden administrativo puede estar por encima del derecho a la vida" y alertó que esta falta de recursos significa "falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas".
"El Estado no puede poner en riesgo la integridad y la vida de quienes ejercen liderazgos en la defensa de los derechos humanos de las comunidades", manifestó el funcionario y recalcó: "No podemos socavar el ejercicio democrático en los territorios".

La UNP ha estado bajo escrutinio en las últimas semanas, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro denunciara que se ha convertido en un "festín de la corrupción" y de que su director, Augusto Rodríguez, sufriera un atentado. Rodríguez fue atacado por sicarios cuando entraba a su residencia en Bogotá en compañía de su hija y en la reacción sus escoltas mataron a un pistolero y dejaron herido a otro.

Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), 189 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido del 2022. De ellos, Caldas registró un caso mientras que Cauca 24. A ellos se suman los asesinatos de 42 excombatientes que firmaron los acuerdos de paz.

Este año (hasta el 19 de marzo) van 31 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados (Caldas reporta un caso) y 4 excombatientes que firmaron los acuerdos de paz asesinados. De estos últimos, un caso ocurrió en Riosucio (Caldas).