La muerte de seis niños, niñas y adolescentes (NNA) reclutados por las disidencias de Iván Mordisco durante una operación militar en el Guaviare desató preocupación y un duro pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. 

La entidad pidió revisar los límites del uso de la fuerza y recordar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) protege de forma reforzada a los menores, incluso cuando han sido convertidos en combatientes por grupos ilegales.

En su comunicado, la entidad confirmó que las Fuerzas Militares también recuperaron cuatro cuerpos más aún sin identificar, y calificó lo sucedido como un hecho “profundamente lamentable”. 

La Defensoría enfatizó que el DIH “establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”, particularmente cuando hay presencia de menores reclutados de manera forzada.

“Ningún niño reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”

Según el documento,“ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”.

La entidad recordó que, aunque los menores pierdan su estatus de civiles al ser sometidos a funciones continuas de combate, eso no habilita su ataque. 

“El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”.

Por el contrario, constituye un escenario en el que las Fuerzas Militares deben adoptar “todas las precauciones factibles” para evitar daños, apoyándose en los principios de humanidad, precaución, proporcionalidad y necesidad militar estrictamente limitada.

La Defensoría también subrayó que estos principios, respaldados por jurisprudencia internacional, obligan a evaluar métodos de guerra que eviten daños desproporcionados o innecesarios.

En palabras del comunicado: “La fuerza no puede ser excesiva con relación a lo que resulta necesario para alcanzar el objetivo, aunque sea ‘legítimo’”.

Y planteó una pregunta central en el debate actual: “¿Podían haberse empleado otras modalidades de operación militar capaces de alcanzar la misma ventaja militar con un daño significativamente menor?”

Disidencias del EMC: responsables primarias por reclutar menores

La Defensoría reiteró que la responsabilidad original recae sobre quienes reclutan a los menores. El comunicado afirma: “El reclutamiento de toda persona menor de 18 años es un crimen de guerra”.

Señala directamente a las disidencias del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, como responsables de someter a estos menores a funciones de combate. 

Además, recordó que en lo corrido del año, estas estructuras han cometido múltiples violaciones al DIH en Guaviare, hechos ya documentados por la entidad.

La Defensoría también rechazó que las disidencias utilicen la presencia de NNA como instrumento para cuestionar operaciones militares.

El texto señala: “Utilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes como argumento para cuestionar operaciones militares evidencia que las estructuras armadas ilegales los instrumentalizan como escudos humanos”.

Y recordó que esta práctica está categóricamente prohibida por el DIH.

“No es aceptable reducir esto a un debate técnico”

El pronunciamiento enfatizó que el análisis no puede limitarse a tecnicismos sobre DIH o sobre la “legitimidad” de la operación. Para la entidad, lo ocurrido refleja la degradación del conflicto y el profundo impacto sobre los más vulnerables.

La Defensoría afirmó: “Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares”.

Asimismo, reiteró que su función no es avalar operaciones bélicas: “La Defensoría del Pueblo no es un organismo creado para certificar la ‘legitimidad’ de acciones de guerra, sino para rechazarlas y construir la paz”.

Proteger la vida por encima de la lógica militar

Para cerrar, la entidad recordó que la guerra está proscrita por el Derecho Internacional y que el DIH no existe para justificar vulneraciones, sino para limitar el sufrimiento humano.

“Interpretar sus normas como autorizaciones tácitas para excederse […] sería contrario al principio de humanidad y desnaturalizaría la finalidad esencial de protección integral de la persona humana”.

El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza en escenarios donde los grupos armados ilegales emplean a menores como combatientes, y sobre las obligaciones del Estado para garantizar su vida, incluso en operaciones militares contra estructuras armadas.

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