La Corte Constitucional suspendió provisionalmente este jueves (29 de enero) el Decreto 1390 de 2025, que declaraba el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia.

La decisión se tomó con una votación de 6 votos a favor y 2 en contra y tiene como objetivo evitar efectos irreversibles mientras se resuelve la constitucionalidad del decreto.

El decreto, emitido el 22 de diciembre pasado por el presidente Gustavo Petro, le otorgaba al Ejecutivo facultades extraordinarias para modificar impuestos y hacer reformas fiscales sin el control del Congreso.

La Corte consideró que este acto podía contravenir la Constitución, lo que llevó a la suspensión de sus efectos.

Medida cautelar y la protección de los derechos fundamentales

La medida cautelar aplicada por la Corte tiene un carácter provisional, es decir, suspende los efectos del decreto mientras se analiza su fondo. Esto subraya el papel de la Corte en garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar que se consoliden decisiones que podrían ser perjudiciales.

Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade expresaron su desacuerdo, salvando su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo aclararon que la decisión no prejuzga la constitucionalidad del decreto.

Gobernador de Caldas destaca alivio para las finanzas del departamento

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, celebró la decisión de la Corte Constitucional y destacó el trabajo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que acudió al alto tribunal para buscar esta medida cautelar, y comentó: “La FND en buena hora entabló las medidas legales, entre ellas acudir a la Corte Constitucional para la suspensión temporal del decreto de emergencia económica”.

El mandatario explicó que, sin el decreto, se calculaba que Caldas podría tener excedentes superiores a los $100 mil millones en el 2026, de los cuales una gran parte se destinaría a sectores cruciales como salud, educación y deportes. En cambio, con la aplicación del decreto, los excedentes podrían haberse reducido a $29 mil millones, lo que afectaría seriamente las finanzas públicas del departamento.

“Con la declaratoria calculábamos que esos excedentes podrían llegar a los $29 mil millones con unas transferencias al Departamento de $18 mil millones”, dijo Gutiérrez.

Además, el gobernador expresó su preocupación por el impacto negativo que el aumento de impuestos al consumo de productos como licores y tabaco podría generar, incentivando el contrabando y la ilegalidad: “Lo que se favorece es el contrabando, la ilegalidad, la adulteración del licor que nos va a perjudicar directamente”.

Finalmente, expresó su satisfacción por la medida cautelar, la cual brinda un "descanso" a las finanzas del Departamento y permite continuar con la ejecución de proyectos sociales que benefician a la población. “Para Caldas es un descanso en sus finanzas públicas para poder seguir ejecutando una cantidad de proyectos sociales que tenemos”.

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