Foto | EFE | LA PATRIA Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villareal (i), María Claudia Pulido (2-i), Andrea Pochak (3-i) José Luis Caballero (4-i) y Roberta Clarke (5-i), entre otros, participan de una rueda de prensa este viernes, en Bogotá (Colombia).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó este viernes su visita 'in loco' a Colombia, la primera en 12 años, y afirmó que existe "otro conflicto, aunque la violencia es la misma" en el país.
Así lo informaron en una rueda de prensa los miembros de la delegación, quien señalaron que Colombia sigue caracterizándose por "extrema inequidad y probreza" y está afectada por el racismo, el patriarcado y el clasismo.
En este contexto, desde la última visita de la Comisión a Colombia en el 2012 "ha habido una mutación del conflicto, ya que hace 12 años estaba caracterizado por intereses políticos e ideológicos" mientras que lo que une ahora a los grupos armados ilegales son los "intereses económicos en controlar economías ilegales", indicó la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Maria Claudia Pulido.
Con diferencias, "en un país tan dinámico y pujante como Colombia han pasado muchísimas cosas, pero sí se mantiene (...) una continuidad de la violencia", agregó Pulido.
"El largo conflicto armado ha consolidado una cultura que normaliza la violencia", dijo, por su parte, el comisionado de País José Luis Caballero.
A pesar de que la violencia persiste, Pulido señaló avances como la capacidad de hablar de memoria, justicia y reparación, algo que supone "un gran cambio" con la creación de la institucionalidad tras el acuerdo de paz del 2016 con la guerrilla de las Farc.
La visita arrancó el 15 de abril y los comisionados visitaron los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca donde mantuvieron más de 50 reuniones con distintas autoridades en "un diálogo abierto y constructivo" y más de 45 espacios de escucha a la sociedad civil, así como a gremios y partidos políticos.
Desigualdades y discriminación
Colombia es un país caracterizado por la extrema desigualdad y pobreza, con una débil o inexistente presencia del Estado en lugares donde hay un fuerte accionar de grupos armados no estatales es una de las principales conclusiones de la visita.
También corroboraron en su visita racismo estructural a través del cual se ha excluido a pueblos indígenas y afrodescendientes; mientras que lamentaron una insuficiente implementación del acuerdo de paz firmado en el 2016.
La reconfiguración del conflicto armado "sigue socavando la seguridad, el desarrollo y el disfrute de los derechos humanos en el país", algo que se refleja en el "alarmante" número de asesinatos, amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones contra firmantes del acuerdo de paz y líderes sociales.
Otra de las observaciones que hizo la Comisión fue sobre la impunidad judicial "sistemática que supone que las investigaciones no se llevan a cabo con la diligencia debida" y la crisis humanitaria provocada por el aumento de los flujos migratorios, especialmente en la frontera con Panamá por la selva del Darién.
También reseñó la polarización política, el problema "crítico" de la violencia de género y las condiciones de detención "inaceptables" en los centros penitenciarios.
Recomendaciones
La CIDH reafirmó su apoyo a toda política de Estado que tenga por objeto alcanzar la paz y llamó al Estado a desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso pleno a derechos y disminuir la desigualdad, así como fortalecer su presencia en las regiones.
Por su parte, instaron al Ejecutivo a cumplir con su obligación de proteger la vida e integridad de las personas, garantizar la seguridad de las comunidades y alinear las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida por el acuerdo de 2016.
También recomendó al Congreso priorizar el debate constructivo y los consensos que permitan la aprobación de leyes necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz, en particular la reforma de la ley de víctimas.
A la Fiscalía y al Poder Judicial se les recomendó cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales responsables de graves violaciones de derechos humanos.