Este viernes (30 de enero) Rodrigo Gómez Salazar completó cinco días en huelga de hambre y hasta ahora, Rappi, la empresa en la que es repartidor desde el 2020 en Manizales, no da luces para llegar a un acuerdo en el alza de la tarifa básica, que desde hace dos años es de $3 mil 50, y eliminar pedidos adicionales por $1.500.

"La empresa no se ha pronunciado. ¿Dónde están las garantías que dice el Gobierno tener para los trabajadores?", se cuestiona mientras sigue sentado en las escaleras que conducen a la edificación en la que están las oficinas del Ministerio del Trabajo en Manizales, situada en la calle 20 entre carreras 22 y 23.

Al preguntarle qué respuesta ha obtenido del Ministerio manifestó que le parece que el mensaje no está llegando a la sede central. "Lastimosamente los inspectores de cada región dependen de un ente más alto. Eso tiene su orden y ellos hicieron lo pertinente, pero esperamos respuesta. Incluso enviamos una carta respaldada por centrales obreras y la Defensoría del Pueblo hacia el Ministerio central, pero es la hora que no se ha pronunciado".

Este medio también le preguntó si seguirá encadenado o desistirá de la lucha en caso de no llegar respuesta y ante esto afirmó: "Las cadenas sí me las retiro si no hay un pronunciamiento, pero la huelga de hambre continúa. Ya miraremos qué decisiones tomaremos en junta para ver cuál es el paso a seguir porque no podemos desistir de luchar por los derechos de nuestros compañeros", dijo.

La calle 20 entre carreras 22 y 23, en donde se ubican las oficinas del Ministerio del Trabajo en Manizales, está bloqueada por motos de los repartidores. Cada 15 minutos habilitan la vía para que circule el tráfico y luego cierran de nuevo por 30 minutos.

Acompañamiento desde la Alcaldía

Un funcionario de la Secretaría del Interior de Manizales estaba pendiente este viernes de los repartidores que continúan en protesta pacífica e indicó que con este tipo de plataformas digitales no se tiene una vinculación laboral formal, los tienen como colaboradores voluntarios y eso hace que el llamado no tenga la fuerza que ellos quieren.

Asimismo, indicó que desde la Alcaldía se han hecho trámites, han tocado puertas y enviado correros solicitando a la entidad que los atienda. Además, están enfocados en generar espacios de conciliación y trabajan con la Secretaría de Salud para que sean visitados por personal de la salud para evitar que haya una degradación alta.

Además, activaron una ruta de salud mental para evaluarlos. "Hacemos un acompañamiento desde el punto de vista de los derechos humanos, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución Política en el artículo 2 que es la protección a la vida, a la integridad. Estamos como gestores de convivencia para que factores de riesgo o de violencia no se generen".

Según Rodrigo, algunos de sus compañeros han dejado de trabajar para unirse a la causa y exigir un aumento en la tarifa. 

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