Descentralizar el recurso y que los alcaldes tengan autonomía en la distribución del mismo. Ese fue el llamado de líderes que asistieron a la audiencia pública de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que se dio en el Concejo de Manizales el pasado 8 de mayo.
Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara por Caldas, lideró el encuentro con el fin de recopilar lo expuesto por la ciudadanía y tenerlo en cuenta para el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes antes de que finalice la legislatura.
"Hoy los municipios ejecutan el 20% del SGP y la idea es pasar al 39,5%. Buscamos que los recursos lleguen a lo que se necesita porque si vamos a cambiar los porcentajes, pero la dirección es centralista, quedamos en las mismas", expresó Gómez.
Discusión oportuna
Daniel Hurtado Cano, gestor territorial para la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), señaló que la discusión resulta oportuna porque pone sobre la mesa el debate entre autonomía y control en relación con el desarrollo territorial.
“Se busca aumentar la cantidad de recursos disponibles a través del Sistema para los municipios, pero, sobre todo, definir la manera en que estos podrán administrarlos y ejecutarlos. Allí radica realmente el centro de la discusión: la tensión entre autonomía territorial y control estatal”, explicó.
Agregó que el reto no solo consiste en incrementar el presupuesto, sino también en fortalecer la capacidad institucional de los municipios. Según indicó, pueden llegar nuevos recursos, pero si las administraciones no cuentan con la experticia técnica ni con una estructura organizacional sólida, existe el riesgo de que esos recursos no se ejecuten adecuadamente y deban regresar al Estado.
“No se trata únicamente de aumentar los recursos por ley, sino de cómo las entidades territoriales se preparan para responder de manera eficiente y garantizar un uso adecuado de esos fondos”.
Precisar mejor el proyecto
Para Luis Alberto Giraldo, diputado de Caldas por el Nuevo Liberalismo, mientras la mayoría de las decisiones continúen tomándose desde Bogotá, no solo se duplicarán esfuerzos y tareas de planeación y ejecución, sino que tampoco se responderá de manera efectiva a las necesidades reales de las comunidades.
“El proyecto de ley busca fortalecer la autonomía territorial definiendo con claridad las competencias de cada nivel de gobierno. La idea es asignar ciertas responsabilidades a los municipios, otras a las gobernaciones y otras al Gobierno nacional. Aunque el articulado menciona competencias complementarias y subsidiarias, todavía no existe suficiente claridad sobre cómo se aplicarán. Además, la asignación de recursos parece insuficiente, pese a que en un periodo de 12 años se pretende duplicar lo que actualmente reciben los alcaldes a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Hoy esos recursos no alcanzan para cumplir con todas las obligaciones”, explicó.
Añadió que, tal como está planteado el proyecto, el Estado central mantendría un amplio margen de control sobre los territorios, por lo que considera necesario precisar mejor la iniciativa.
“La ley establece que, a partir de este año y durante los próximos 12 años, el porcentaje de transferencias aumentará gradualmente hasta duplicar los recursos del SGP para los municipios. Por ejemplo, Marquetalia, hoy recibe alrededor de $15 mil millones y en ese periodo podría llegar a $30 mil millones. Sin embargo, duplicar los recursos y trasladar más competencias no resuelve por sí solo el problema, sino que también incrementa la carga de responsabilidad para los alcaldes”, afirmó.
Finalmente, aseguró que gran parte de los recursos transferidos llegan con destinación específica, lo que limita la capacidad de inversión de los municipios.
“En saneamiento básico, cerca del 80 % de los recursos se destinan al pago de subsidios para reducir las tarifas de los servicios públicos en los estratos bajos. Ese dinero pasa directamente a las empresas prestadoras y lo que finalmente queda para obras de mejoramiento de acueducto y alcantarillado es mínimo”.
Flexibilidad
Luis Alexánder Pineda, asesor de la Secretaría de Hacienda de Manizales, manifestó que esta iniciativa es relevante debido a la disminución progresiva de los recursos que el Estado transfiere a las entidades territoriales.
“Hemos experimentado una mayor centralización del Gobierno nacional, contrario al principio de descentralización establecido en nuestra Constitución. Por eso, las asignaciones y la reglamentación deben ser coherentes con las realidades de cada territorio, evitando duplicidades en las funciones y garantizando que los recursos sean controlados y destinados a atender las verdaderas necesidades locales. Cuando los recursos son administrados directamente por quienes conocen las problemáticas de la comunidad, existe una mayor efectividad en la solución de los problemas ciudadanos”, afirmó.
Explicó que actualmente la norma determina porcentajes específicos para sectores como salud, educación, agua potable, cultura y deporte. Sin embargo, consideró que una mayor flexibilización en la destinación de los recursos, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada territorio, permitiría una utilización más eficiente y estratégica de los fondos públicos.
Brechas de desigualdad
Para el concejal de Chinchiná Jonathan Marín (Nuevo Liberalismo) este proyecto beneficia a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Sin embargo, tiene reparos con esta Ley de Competencias porque para él descentralizar no es solo aumentar recursos, sino acompañar a esos municipios que no tienen la capacidad de asumir las nuevas competencias que les quieren entregar.
"Por ejemplo, en salud, hoy se está planteando que las secretarías de salud municipales sean las encargadas de conformar la red y la prestación del servicio. Es nada más ni nada menos que una reforma a la salud disfrazada en una Ley de Competencias en donde no suspenden las EPS, pero sí le entrega funciones de la EPS a las secretarías municipales de salud. Hay entidades territoriales que no tienen la capacidad operativa suficiente para atender temas tan neurálgicos como la salud, la educación, el agua potable en nuestros municipios".
Según él, Chinchiná depende más o menos del 70% de los ingresos del SGP y se centró en las competencias, pues mientras algunos municipios tienen 18 secretarías para asumir 1.200 obligaciones, otros pueden tener cuatro, cinco o máximo seis secretarías para responder por las mismas obligaciones. "Hay brechas de desigualdad. Tienen que cumplir las mismas funciones, pero con diferentes ingresos".
Más plata y obligaciones
Ómar Reina, alcalde de Anserma, afirmó que la autonomía sigue centralizada presupuestalmente y en la toma de decisiones en el Gobierno nacional, y que las necesidades están marcadas en un Plan de Desarrollo nacional al que se acogen los municipios para acomodar los planes de desarrollo territoriales.
"Se va a elegir nuevo presidente y se aprobará en el Congreso un nuevo Plan de Desarrollo que no tendrá nada que ver con los planes que actualmente están en ejecución. Esa desconexión acompañada por una falta de apropiación de recursos, mengua la autonomía y no permite que haya una real descentralización del funcionamiento del Estado y una desconcentración del poder económico y de toma de decisiones sobre los diferentes sectores", dijo.
Aplaudió la iniciativa porque aumenta la capacidad de participación, pero pone a los municipios frente a mayores obligaciones porque "esa plata viene acompañada de un montón de obligaciones adicionales, pero realmente, ¿quién tendrá el poder de decisión sobre ese recurso?", se cuestionó el mandatario.
¿Qué es el Sistema General de Participaciones (SGP)?
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).
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