Lotes sin desarrollo y deterioro del entorno urbano es lo que registra la toma aérea del Macroproyecto San José, un proyecto estancado desde hace 16 años y que con la liquidación de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales (Erum), entidad encargada de su realización, el aprovechamiento de ese terreno se vuelve aun más incierto.
Sin embargo, una sentencia del Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Caldas del 13 de febrero del 2024 (El fallo en primera instancia). Ese documento fue expedido dentro del proceso de acción popular promovido por la Personería de Manizales y ordenó modificar el proyecto urbanístico.
El fallo también indica que el municipio de Manizales, la Erum y el Ministerio de Vivienda violaron el derecho colectivo a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos y por ello también ordenó que el Municipio de Manizales y la entidad que reemplace a la Erum, en un plazo de seis meses contados desde que quedó en firme la sentencia, presenten solicitud ante el Ministerio de Vivienda para que se modifique la aprobación del Macroproyecto mediante la Resolución 0544 de 2017 y sean corregidos los aspectos financieros, urbanísticos, jurídicos y técnicos, “así como cualquier otro que se considere pertinente”.
Además, el Minvivienda debe priorizar el estudio de la modificación del Macroproyecto y la respuesta la deberá dar dentro de los seis meses siguientes a la formulación de la petición, en cuyo análisis tendrá que verificar la solidez de los mapas elaborados para el desarrollo urbanístico en el sector, la actualización de los costos y hacer claridad sobre los instrumentos de financiación y gestión, entre otros puntos.
Esta es otra toma aérea del Macroproyecto. En los amplios espacios verdes antes habían casas construidas que el Municipio compró para realizar el proyecto urbanístico.
En trámite
José Fernando Olarte, gerente de Infimanizales, explicó que el Ministerio de Vivienda ya hizo observaciones a la propuesta del Municipio y que las están analizando para dar respuesta y establecer con el Ministerio los mecanismos mediante los cuáles se dará trámite a esa actualización que venían trabajando desde el 2021.
"El fallo concluye la necesidad de hacer una actualización del instrumento que regula la ejecución del Macroproyecto y en eso estamos concentrados", dijo.
Para él, el desarrollo de vivienda está afectado por la ausencia de programas como Mi Casa Ya. Afirmó que este vacío golpea al Macroproyecto, a la ciudad y al país. Agregó que los indicadores y los gremios de la construcción respaldan esa tesis, pues el retroceso de la vivienda de interés social (VIS) es claro, al igual que la parálisis en proyectos de desarrollo de interés prioritario. Advirtió que la falta de una política nacional de vivienda que promueva el acceso a la misma dificulta que los municipios avancen en soluciones.
Dos miradas
Para Jorge Ómar Rodríguez Ospina, veedor y promotor del segundo cabildo abierto comunal San José y Plaza de Mercado, esta medida se tiene que cumplir por ser un fallo del Consejo de Estado. Es el resultado de varios años de lucha.
"Esto ha pasado por el Tribunal de Caldas, a no ser que el municipio quiera entrar en un desacato ante la ley. Siempre será posible, con consenso, construir viviendas en los terrenos y otras cosas que son importantes. Además, se puede reconstruir la confianza que se ha perdido durante todo este tiempo. Lastimosamente, en Manizales todo tiene que darse por por acciones populares, por sentencias, porque la voluntad política tanto de la Administración como del Concejo es nula con respecto a San José", anotó.
Agregó que San José ha enfrentado resistencia de la clase política que tiene como contrapeso la organización de actores comunitarios con sentido de pertenencia y socios del territorio.
Otra mirada tiene un habitante de ese barrio que prefirió reservar su nombre. Para él, en esta oportunidad tampoco se cumplirá lo prometido. En los 27 años que ha vivido en el barrio, solo ha escuchado promesas.
"Ojalá se cumpla el fallo, pero he visto varias veces que prometen que van a hacer una cosa y la otra y sigue lo mismo en esta comuna. Son más las promesas que se hacen que lo que vienen a ejecutar", apuntó.
El fallo en primera instancia
Fernando Arcila Castellanos, expersonero de Manizales y quien radicó la acción popular, expresó que lo que solicitaban era declarar el estado de cosas inconstitucionales en el Marcroproyecto San José y garantizar los derechos colectivos, entre ellos la reformulación del proyecto.
"La primera instancia. Es decir, lo que decidió el Tribunal fue denegar todas las pretensiones. No aceptó ninguna de las peticiones que se hicieron en la acción popular y por ello la apelación ante el Consejo de Estado revocando todas las decisiones excepto el estado estado de cosas inconstitucionales"
Otras órdenes al Municipio y al sucesor de la Erum
Por esa zona se construyó la avenida Marcelino Palacios que antes se conoció como la avenida Colón.
1. Formular, adoptar y materializar un plan de ejecución del Macroproyecto que deberá estar acorde con el plan de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y demás instrumentos de planeación de la ciudad, cuyo POT deberá definir metas anuales con indicadores de seguimiento, quiénes son los responsables, cuáles son las fuentes de financiamiento, el cronograma por etapas de ejecución y una matriz de riesgos del proyecto.
2. Autorizó al Municipio de Manizales para que vincule a otras entidades o a particulares que tengan competencia en la materia, creando una mesa de trabajo que sesione trimestralmente con el objetivo de que se garanticen, entre otros, los principios de integración, sostenibilidad y coordinación.
3. El seguimiento que haga esa mesa de trabajo debe comprender indicadores tales como el de avance predial, licencias, viviendas de interés prioritario y de interés social, equipamientos, espacio público, vías, redes, gestión social, respuestas a peticiones, quejas y reclamos que se relacionen con el proyecto, lo cual se publicará semestralmente a través del mecanismo de información que defina el Municipio para garantizar los principios de transparencia y control social.
4. El acompañamiento técnico estará a cargo del Ministerio de Vivienda, el cual debe ser permanente, en especial, “sobre la interpretación de las normas urbanísticas del Macroproyecto y su relación con el POT".
5. Dispuso por último el Consejo de Estado la conformación de un comité encargado de verificar el cumplimiento de la sentencia conformado por el magistrado que tramitó el proceso en el Tribunal Administrativo de Caldas, el promotor de la acción popular (Personería de Manizales) y los coadyuvantes, un representante y/o delegado tanto del Concejo de Manizales, del Municipio, de la sucesora de la ERUM, del Ministerio de Vivienda, con la finalidad de que hagan el seguimiento y adopten las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de la sentencia.
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