El presidente peruano, Pedro Castillo, aseguró ayer que no va a pedir asilo o a abandonar su país, horas después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por corrupción.

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El presidente peruano, Pedro Castillo, aseguró ayer que no va a pedir asilo o a abandonar su país, horas después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por corrupción.

EFE | LA PATRIA | Lima

 

El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró ayer que "se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú", luego de que la Fiscalía presentara una denuncia constitucional en su contra en el Congreso y ordenara allanamientos en la vivienda de varios parlamentarios y de su hermana por un supuesto caso de corrupción.

El mandatario dio estas declaraciones horas después de que el Ministerio Público anunciara que la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo por liderar una supuesta organización criminal en el Ejecutivo, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión (fraude).

El gobernante, sin embargo, negó "rotundamente" estas acusaciones y rechazó y condenó el trabajo de la Fiscalía, a la que acusó de actuar "políticamente", luego de ordenar allanamientos, uno de ellos en la vivienda de su hermana.

"Están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido y no la vamos a hacer porque no hemos venido para eso", dijo.

Declaró, en este sentido, que la "nueva modalidad de golpe de Estado" en el país andino "utiliza al Ministerio Público" y "hace creer al país" que el presidente "lidera una red criminal".

"Nunca se ha visto en la historia del país que de forma simultánea se allanen domicilios de funcionarios, de congresistas y extrabajadores del Gobierno, haciendo creer con falsas informaciones (...) que estamos enlodados", indicó.

Castillo agregó que "quieren legitimar una red criminal y no les importa la dignidad de las personas, no les importa el respeto a las familias", pero insistió en que, a pesar "de la persecución política", su Gobierno se va "a mantener en pie y firme".

"A nosotros no nos van a amedrentar, estamos acá más firmes que nunca, no solo para consolidar la democracia del Perú, sino también para consolidar nuestra solidaridad con otras comunidades, con otros países, porque un Gobierno que nace del pueblo, nos debemos a ello y tenemos que seguir trabajando", señaló.

El mandatario calificó de "indignante" que "pongan un chaleco" de detenido a personas "inocentes" y que, en cambio, "no tengan el valor de hacerlo con los narcotraficantes, con las personas que han delinquido.

Castillo concluyó su discurso reiterando su "compromiso y lealtad" para seguir trabajando para el pueblo peruano y se mostró confiado en que llegará hasta el final de su mandato, en 2026.

Desde que asumió el poder en julio de 2021, el jefe de Estado acumula seis investigaciones preliminares de la Fiscalía en su contra, cinco de ellas en manos de la fiscal Benavides, quien sostiene que Castillo lidera una organización corrupta en el Gobierno para obtener ganancias de licitaciones ilícitas.

Por este caso, la fiscal presentó ayer en el Parlamento una denuncia constitucional contra el mandatario, que está ahora en manos del Congreso.

Tras conocerse la presentación de esta denuncia constitucional, Benavides ofreció un pronunciamiento en el que aseguró que, en las últimas diligencias realizadas por la Fiscalía, se encontraron "graves y reveladores indicios de una supuesta organización criminal en el Gobierno" y denunció la existencia de una "constante y feroz obstrucción a la Justicia" por parte de sus integrantes.

El documento deberá ahora ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento que, de determinar su procedencia, pasará a la Comisión Permanente hasta llegar al pleno del Congreso.

 

La Constitución peruana solo recoge la posibilidad de procesar al mandatario en funciones por casos de traición a la patria o impedir elecciones

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