EFE | LA PATRIA | LIMA

El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó ayer siete días de detención preliminar para el expresidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, tras anunciar el cierre del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia.

Checkley evaluó, en una audiencia virtual, el requerimiento fiscal que solicitaba esta medida contra el exmandatario, quien desde el miércoles se encuentra retenido en un penal de Lima, el mismo donde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 de cárcel.

En la resolución, compartida por el Poder Judicial, el juez también declara la “legalidad de la detención” de Castillo y establece que el plazo de detención judicial “estará vigente del 7 al 13 de diciembre”.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que “queda evidente la alta probabilidad de fuga” del expresidente, tras mencionar la intención de Castillo de dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo, algo confirmado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

Intervenciones

Huamán indicó que la detención del exjefe de Estado es “necesaria” para asegurar los actos de investigación y acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.

En la audiencia también participó virtualmente Castillo, quien estaba acompañado de su abogado Víctor Pérez y de su ex primer ministro Aníbal Torres, quien también ejerce su defensa. Al término de la audiencia, Checkley le dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar “eso es todo”, en alusión a lo dicho por sus abogados.

En su intervención, Torres aseguró que durante la detención de Castillo nunca se empleó algún “medio coactivo o coercitivo”, pero insistió en que en este proceso “se está violando flagrantemente el principio de legalidad” al considerar que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al expresidente.

En esa misma línea, Pérez sostuvo que el anuncio de Castillo sobre el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según dijo, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público.

“¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando?”, señaló Pérez.

Primer encuentro

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, inició ayer en el Palacio de Gobierno una ronda de diálogo con varios grupos del Congreso, un día después de asumir la jefatura del Estado en reemplazo del exmandatario Pedro Castillo, quien fue destituido por el Parlamento tras anunciar su disolución. Según informó el despacho presidencial a través de un comunicado, Boluarte convocó cinco agrupaciones parlamentarias de distintos tintes políticos, en sintonía con su llamado a “trabajar en unidad por el bien de los peruanos”. Estas fueron Cambio Democrático y Perú Bicentenario, del fujimorista Fuerza Popular y de los conservadores de Somos Perú y Avanza País.

Al término de su reunión con Boluarte, Adriana Tudela, portavoz titular de Avanza País, explicó que conversaron sobre “la necesidad de emprender la reactivación económica del país, con reformas de fondo que generen confianza para la inversión privada y la generación de empleo” y sobre “la importancia de que se apoye e impulse una reforma política para recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades e instituciones” peruanas y salir así de la crisis política por la que atraviesa el país.

Además, Tudela indicó que su grupo solicitó a la presidenta que su gobierno “de señales claras de colaboración con el Ministerio Público y la Justicia para quienes resulten responsables” de los presuntos actos de corrupción de la anterior gestión, encabezada por Castillo.