EFE | LA PATRIA | LIMA

La decisión adoptada ayer por el presidente de Perú, Pedro Castillo, de cerrar el Congreso y convocar un “Gobierno nacional de emergencia” recuerda lo ocurrido el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori anunció en un mensaje a la nación la disolución del Legislativo y la toma bajo su control de todos los poderes del Estado.

El denominado “autogolpe de Fujimori”, que estuvo avalado por las Fuerzas Armadas, supuso un quiebre en el orden constitucional del país, algo que se repitió ayer, 30 años después, pero a diferencia de lo que sucedió entonces, cuando los tanques de la División Blindada salieron a las calles de Lima y rodearon el Congreso de la República y el Palacio de Justicia y los militares arrestaban a opositores, en esta ocasión, las Fuerzas Armadas dieron la espalda a Castillo, quien fue capturado y es procesado por rebelión y conspiración. Anoche mismo fue conducido al penal de Barbadillo en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción.

Cronología de la crisis
Por sorpresa, sin avisar en sus redes sociales o a través de su equipo de prensa, Castillo comenzó la jornada con un mensaje en video transmitido a la nación con las manos temblorosas y al que, durante horas, no se tuvo acceso a través de las redes sociales de la Presidencia.
"Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional", dijo el exmandatario.

En el mismo, pidió "convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses".

También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de las 10:00 de la noche.
"Se declara en reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)", agregó.

Minutos después de su mensaje, su propio Gobierno le dio la espalda. El primero fue el entonces canciller, César Landa, quien presentó su renuncia y pidió ayuda a la comunidad internacional para frenar las intenciones de Castillo.

Tras la cadena de renuncias de ministros, la vicepresidenta y nueva jefa del Estado, Dina Boluarte, denunció en sus redes sociales que el movimiento de Castillo era un golpe de Estado.

El Congreso lo destituye

Lejos de amedrentarse, el Congreso cerró las puertas del Palacio Legislativo y, ante la impasividad de policías y militares que nunca abandonaron sus cuarteles o comisarías, adelantó el voto de la moción de vacancia (destitución).

Los congresistas coincidieron al calificar como un golpe de Estado la decisión de Castillo y modificaron la idea inicial de la moción de vacancia por "permanente incapacidad moral", debido a las diferentes investigaciones abiertas contra Castillo por corrupción, al señalarlo directamente por golpe de Estado.

En esas circunstancias, 101 de los 130 congresistas votaron a favor de destituir a Castillo que, en paralelo, abandonó casi en secreto y por la puerta de atrás el Palacio de Gobierno.

La primera presidenta de Perú
Tras la contundente votación, Castillo fue detenido en un confuso hecho que circuló por las redes sociales. Rodeado por su escolta presidencial, se hizo público que había sido destituido y los policías que lo resguardaban lo detuvieron y lo trasladaron a la prefectura de Lima, mientras eso ocurría

Boluarte acudió al Congreso para jurar como la primera presidenta de Perú en 200 años de historia republicana.

Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró "por Dios, la patria y la Constitución" y dijo que asume "de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026", cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.