Por su supuesto incumplimiento para acompañar a las comisiones en la atención a 15 puntos de interés forense, en donde habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada, así como la demora para acondicionar los cementerios para la recepción de las osamentas, la JEP abrió un incidente de desacato contra la Gobernación de Caldas y las alcaldías de Riosucio y Supía.

Las medidas se tomaron el pasado martes, tras la audiencia de seguimiento a la medidas cautelares adoptadas el año pasado sobre el resguardo indígena San Lorenzo.

A la cita acudieron representantes de los tres entes territoriales, en la que tuvieron tiempo de exponer la gestión realizada. Sin embargo, las explicaciones, antes que dar tranquilidad, causaron el rechazo de los asistentes, quienes aseguraron que se les revictimiza y poco se avanza.

Encapuchados y quema de trapiches

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo advirtieron además que se emitió una alerta temprana de inminencia a raíz de los ataques contra los trapiches paneleros, importante medio de subsistencia para las comunidades indígenas de Riosucio y Supía.

Se advirtió que son ocho entables quemados por manos criminales desde marzo del 2020, lo que afecta a 170 familias, además líderes del resguardo San Lorenzo recibieron amenazas de un sujeto identificado supuestamente como Fabio Garnica, alias Camilo, en unión con el Cartel de Sinaloa.

De las intimidaciones y seguimientos también habrían sido objeto otros miembros en proceso de reincorporación, se difundieron panfletos con nombres de personas de la comunidad y tanto en ambos municipios como en Quinchía y Guática (Risaralda) se reportó la presencia de desconocidos encapuchados y armados, quienes aseguraron estar haciendo “limpieza”.

Cinco días para responder

Las magistradas de la JEP Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra y María del Pilar Valencia, de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de la Verdad, estuvieron a cargo de la audiencia, en la que mostraron su preocupación por la falta de acción en los 15 puntos de interés, no hacer frente a las situaciones de riesgo y cumplir con algunos requisitos cuando faltaban apenas unos días para la audiencia.

Por tal motivo se abrió incidente de desacato contra el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez; el alcalde de Riosucio, Marlon Tamayo, y el alcalde Supía, Marco Antonio Londoño, quienes contarán con cinco días hábiles para presentar descargos y pruebas.

La medida también acoge a Germán Carlosama López, de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tendrán que diseñar e implementar un plan para la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos. Cuentan con un plazo de cuatro meses.

En riesgo

32 pueblos indígenas de Colombia están en riesgo de extinción, entre las que se encuentran los embera, quienes habitan el alto occidente caldense.

Piden acelerar

Miembros del Movice y de Equitas hicieron un llamado ante el peligro que corren sitios de interés forense por la aparición de actividades agrícolas como la extracción de madera y aguacate, así como la necesidad de intervenir con prontitud los cementerios para resguardar los restos óseos hallados.