Daniel Silva Orrego ejerce periodismo investigativo y de denuncia en el departamento de Risaralda. Sus investigaciones sobre política, administración pública y presuntos hechos de corrupción han derivado en sanciones disciplinarias y destituciones de funcionarios públicos
Por estas denuncias, a Silva se le otorgó un esquema de protección asignado que ha sido reducido progresivamente en los últimos años, sin que dicha disminución corresponda a una reducción del riesgo proporcional.
Antecedentes
En 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la medida cautelar MC-739-17 a favor del periodista e instó al Estado colombiano adoptar medidas para proteger su vida, integridad y labor periodística.
El 19 de noviembre de 2025, Silva recibió en su lugar de residencia un paquete con una lengua de vaca cruda ensangrentada y una nota amenazante.
El periodista relacionó esta amenaza con una columna publicada cuatro días antes, en la que expuso presuntas irregularidades en un contrato millonario del alumbrado público, adjudicado por la Alcaldía de Pereira.
Posteriormente, el 28 de enero de 2026, recibió nuevas amenazas presuntamente provenientes de una persona que estaría vinculada con la banda delincuencial La Cordillera, quien le advirtió que no debía publicar información sobre una funcionaria pública de Pereira.
Solicitud de la FLIP
Tras los hechos de hostigamiento, la FLIP acompañó al periodista en la solicitud de un trámite de emergencia ante la UNP para reevaluar su nivel de riesgo.
Aunque el estudio fue iniciado y posteriormente actualizado con nuevas entrevistas y verificaciones, la entidad no ha emitido el acto administrativo correspondiente ni ha culminado integralmente el proceso de revisión de las medidas de protección requeridas frente al nuevo contexto de amenazas.
Por esa razón, el periodista interpuso una tutela en contra de la UNP por la vulneración de sus derechos fundamentales.
En respuesta a esta solicitud, el 20 de marzo de 2026, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira le dio la razón a Silva y le ordenó a la UNP adoptar medidas inmediatas para la protección del periodista, valorar de nuevo el riesgo teniendo en cuenta los nuevos hechos amenazantes y, una vez culminado el estudio, convocar de manera urgente e inmediata al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).
A la fecha, vencidos los términos judiciales para el cumplimiento de las órdenes, la UNP no ha cumplido la sentencia en su contra.
Buscan hacer cumplir la sentencia
El pasado 30 de abril de 2026 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira admitió el trámite de incidente de desacato y exigió a la UNP un informe detallado sobre las actuaciones desplegadas para cumplir la sentencia y que explique las razones de su incumplimiento.
Además, la Procuraduría General de la Nación, desde su delegado de Derechos Humanos, también solicitó a la UNP convocar al CERREM para evaluar la situación del periodista.
“Desde la FLIP no solo nos preocupa la falta de convocatoria al CERREM, sino el incumplimiento persistente de obligaciones de protección reforzada derivadas de medidas cautelares internacionales, una orden judicial vigente y un contexto de riesgo extremo para el periodista”, dice la organización a través de un comunicado
Es por eso que la entidad está exigiendo a la UNP que se dé cumplimiento a las medidas cautelares internacionales y a la sentencia de tutela.
“Solicitamos que en dicha valoración se tenga en cuenta de manera integral todos los estudios y análisis de riesgo elaborados por los distintos funcionarios que han conocido el caso, con el fin de que la decisión responda de forma adecuada y completa a la situación del comunicador”, finaliza el comunicado.
*Con información de la FLIP
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