Foto | Gobernación de Risaralda | LA PATRIA | PEREIRA
Los contratos —por cerca de $10.000 millones— fueron adjudicados por contratación directa, amparados en la figura de urgencia manifiesta
Hace poco más de 16 meses fueron firmados los contratos para construir 14 puentes en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, en el occidente de Risaralda, pero a la fecha no hay una sola obra entregada.
Así lo denunció la representante a la Cámara Carolina Giraldo (Alianza Verde) por Risaralda, quien advirtió sobre graves irregularidades en la adjudicación, ejecución y supervisión de los proyectos contratados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la administración de Olmedo López.
“¿Cuál era la urgencia si no hay un solo puente construido? Esto huele mal. Se abusó de la urgencia manifiesta para evadir procesos transparentes”, aseguró Giraldo.
Los contratos —por cerca de $10.000 millones— fueron adjudicados por contratación directa, amparados en la figura de urgencia manifiesta debido a una supuesta emergencia invernal.
Sin embargo, la congresista cuestionó la legalidad y pertinencia del mecanismo, y señaló que los puentes “siguen siendo una promesa en el papel”.
Un único oferente y documentos autocertificados
En el caso de Pueblo Rico, el contrato para dos puentes —cercano a los $2.000 millones— fue adjudicado a un único oferente que, según Giraldo, presentó autocertificaciones para acreditar experiencia técnica.
En Mistrató, según la denuncia de Giraldo, la situación es más grave. La representante afirmó que la gobernación tenía unos estudios para la construcción, pero el contratista hizo otros por un precio más elevado.
“Aunque se contaba con estudios y diseños preliminares elaborados por la Gobernación, y se habían incluido $110 millones en el contrato para su revisión, se alegó posteriormente que no los conocían y que era necesario hacerlos desde cero, esta vez con un costo estimado de $270 millones”, añadió la representante.
Además, dijo Giraldo las obras también han tenido sobrecostos tanto en Mistrató como en Pueblo Rico. Alcanzando valores superiores en un porcentaje de 126%.
“En Mistrató se contrató a $1.100.000 el metro cúbico, cuando el precio oficial en Risaralda rondaba los $500.000. Eso es un aumento del 126%. Y en Pueblo Rico, a $623.000, un 25% más. ¿Por qué esa diferencia si el transporte se contrató aparte?”, cuestionó Giraldo.
Inicialmente el contrato se firmó por cerca de $8.000 millones para 12 puentes en Mistrató, pero el contratista y el interventor ahora aseguran que el presupuesto solo alcanza para seis estructuras, alegando un incremento del 78% en los costos.
“La plata sigue siendo la misma. ¿Dónde quedó la diferencia? Esto es indignante”, denunció.
La respuesta de la UNGRD
En entrevista con La W, el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, reconoció que recibió una entidad en crisis.
“Esto era un nido de corrupción. Yo asumí sin empalme, con Olmedo huyendo de la justicia”, dijo. Sobre los puentes de Pueblo Rico, afirmó que “están para entregar”, aunque no mostró evidencia pública.
Respecto al sobrecosto en el concreto, Carrillo justificó el precio alegando que incluye otros ítems como mano de obra y varillas, pero Giraldo desmintió esa afirmación en vivo, reiterando que los contratos desagregan esos costos.
“Me tocó tutelar para que me entregaran los documentos. Si todo estuviera en SECOP, como exige la ley, no habría necesidad de llegar a la justicia”, expresó Giraldo.
#Atención | ¿Qué pasó con los puentes de Risaralda? La UNGRD responde y aclara imprecisiones 👇
— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) April 15, 2025
⚪️ Los contratos para la construcción de dos puentes en Pueblo Rico y 12 en #Mistrató por $10.000 millones se firmaron durante la dirección de Olmedo López. El contrato más grande… pic.twitter.com/G88hQAxDNH
Las obras no se ven y el riesgo sigue
Tras las denuncias, funcionarios de la UNGRD y contratistas visitaron las zonas afectadas y, según versiones de la comunidad, se iniciaron algunas actividades. Sin embargo, habitantes de Mistrató y Pueblo Rico aseguran que los trabajos son mínimos y avanzan con lentitud, mientras continúan los riesgos.
“Estos contratos no pueden seguir enterrando la dignidad de comunidades indígenas que tanto lo necesitan. Ya hubo muertes, ya hubo alertas. No vamos a esperar más”, advirtió la representante.
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