La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior la designación de un alcalde ad hoc en Pereira, luego de aceptar el impedimento presentado por el alcalde Mauricio Salazar Peláez, quien manifestó no poder intervenir en asuntos relacionados con las elecciones parlamentarias de marzo, debido a la participación de su esposa como candidata.

Maria Irma Noreña, esposa de Salazar, es candidata al senado por el Partido de la U, y su ahijada, Franyela Bermúdez, es candidata a la cámara por el mismo partido. 

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que el mandatario local no podrá participar, deliberar ni tomar decisiones en los temas que sean puestos a consideración del Comité de Seguimiento Electoral del municipio.

Desde la Alcaldía de Pereira, precisaron que el burgomaestre seguirá cumpliendo con sus funciones y se apartará exclusivamente de las electorales: “El mandatario continuará ejerciendo plenamente sus funciones como alcalde, apartándose únicamente de cualquier decisión directa o indirecta relacionada con las elecciones, reafirmando su compromiso con la ética, la legalidad y la confianza ciudadana”.

De acuerdo con el ente de control, la restricción también se extiende a cualquier trámite administrativo que tenga relación directa o indirecta con las elecciones al Congreso para el periodo 2026–2030, lo que obliga al Gobierno nacional a nombrar un funcionario que asuma esas competencias de manera temporal.

Investigación disciplinaria sigue abierta

El Ministerio Público precisó que continúa vigente la investigación disciplinaria abierta en diciembre de 2025 contra Salazar Peláez, por una presunta participación indebida en política.

Varios congresistas denunciaron que contratistas de su administración habrían sido citados a reuniones donde se les solicitó recoger datos de posibles votantes. 

“El ente de control validará la supuesta existencia de planillas en las que los servidores debían diligenciar sus datos personales, así como de audios en los que se solicitaba el apoyo a la candidatura y una cuota de votantes que cada uno debía asegurarle a Maria Irma Noreña (esposa del alcalde)”, escribió la entidad el 16 de diciembre.

Con este proceso, la Procuraduría busca establecer si se configuró una falta disciplinaria, determinar la responsabilidad del funcionario y verificar si actuó o no amparado en una causal de exclusión de responsabilidad.

La designación del alcalde ad hoc quedará en manos del Ministerio del Interior y se mantendrá mientras persista el impedimento aceptado por la Procuraduría.

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