La Registraduría Nacional del Estado Civil oficializó la inscripción del comité promotor para la iniciativa de revocatoria de mandato contra el alcalde de Belén de Umbría, John Fredy Montes, mediante la Resolución 001 del 20 de mayo de 2026.
La decisión fue adoptada por la registradora municipal, Melissa Zuluaga Giraldo, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y demás normas relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana.
Como vocera del proceso fue reconocida Karen Lorena Idarraga Betancur, quien presentó la solicitud el pasado 15 de mayo ante la Registraduría Municipal.
El comité promotor quedó integrado por:
- Karen Lorena Idarraga Betancur
- Julián Alberto Bermúdez Salazar
- Jorge Andrés Tabares Gallón
- Luis Fernando Muñoz
- Héctor Fabio Corrales Montes
- Elmer Fabio Morales Parra
- Héctor Fabio Medina Gómez
En la resolución, la Registraduría señaló que los integrantes del comité y la vocera cumplen con las condiciones legales y aparecen como ciudadanos habilitados en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI).
El documento también establece que, antes de la entrega de formularios para la recolección de apoyos ciudadanos, deberá realizarse la audiencia pública ordenada por la Corte Constitucional y reglamentada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional.
La resolución fue comunicada al alcalde de Belén de Umbría, al Ministerio Público, al Consejo Nacional Electoral y a las dependencias correspondientes de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Motivos de la iniciativa
Uno de los principales voceros de la iniciativa es el concejal conservador Mauricio Gutiérrez Muñoz, quien aseguró que el descontento creció por la falta de contratación de programas dirigidos a adultos mayores, deporte y cultura, pese a que, según dijo, los recursos estaban aprobados desde el año anterior.
“Lo que ha desatado la inconformidad de gran parte de la población y de varios concejales es que la administración se dejó coger la Ley de Garantías y no contrató los programas sociales que generan más impacto en el municipio”, afirmó el corporado.
Entre las principales críticas se encuentra la situación de los programas para adulto mayor, especialmente los relacionados con los Centros Vida y Centros Día del CEBI.
Según Gutiérrez, aunque para este año fueron destinados cerca de $1.200 millones para la atención integral de esta población, al llegar mayo todavía no aparecían contratos publicados en las plataformas oficiales.
A esto se suma, según el concejal, la falta de contratación de monitores y coordinadores para procesos deportivos y culturales.
“No hay contratos visibles ni siquiera de un monitor de deportes. Los procesos de fútbol, patinaje, baloncesto, voleibol, atletismo y gimnasia están abandonados. Tampoco hay claridad sobre programas culturales como bandas sinfónicas, cuerdas pulsadas o bandas de marcha”, manifestó.
¿Qué pasos siguen?
La recolección de firmas podrá iniciar una vez la Registraduría entregue los formularios oficiales, según indica la normativa vigente.
Para que la iniciativa funcione y se convoque a votación, deberán reunir un número de firmas válidas equivalente al menos al 30% de los votos obtenidos por el alcalde en su elección.
Jhon Fredy Montes fue con 3.461 votos para el periodo 2024 - 2027. Esto quiere decir que se requerirían por lo menos 1.500 firmas para que avance el proceso de revocatoria y se llame a votaciones.
Para que la revocatoria prospere se deben cumplir dos condiciones en las urnas. La primera es que participe al menos el 40 % de los votos válidos registrados en la elección en la que fue elegido el mandatario. La segunda es que la mitad más uno de los votantes apoye la revocatoria.
Si el resultado es aprobado, el presidente o gobernador, según corresponda, debe remover del cargo al alcalde o gobernador revocado y designar un encargado temporal.
En cuanto a la elección de un nuevo mandatario, esto dependerá del tiempo que falte para terminar el periodo. Si restan más de 18 meses de mandato, deben convocarse nuevas elecciones dentro de los dos meses siguientes. Si faltan menos de 18 meses, el presidente o el gobernador designará a quien terminará el periodo restante del mandatario revocado.
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