Un caso de alteración de la convivencia escolar encendió las alarmas en Pereira, donde autoridades, comunidad educativa y organismos de control analizan una situación que pasó de riñas entre estudiantes a denuncias de amenazas y posibles dinámicas de intimidación al interior de un plantel público.
De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, inicialmente se atendió una riña entre estudiantes que dejó varios menores lesionados, al parecer originada por conflictos en redes sociales.
El caso motivó la intervención del grupo de Infancia y Adolescencia, que activó protocolos y mantiene acompañamiento preventivo.
El mayor Sergio Yepes, jefe seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Pereira dijo que una discusión escaló en riña.
“Una discusión entre estudiantes escaló a una riña que involucró incluso a padres de familias”, dijo el uniformado.
Según lo informado, la confrontación inició luego de una transmisión en redes sociales con “ofensas y señalamientos entre grupos de alumnos”.
“Durante la situación se presentaron agresiones físicas dentro y fuera del plantel, dejando varias menores lesionadas”.
El oficial le pidió a la institución educativa activar el Manual de Convivencia con el apoyo de un equipo interdisciplinario, para actuar de manera oportuna.
Además, le pidió hacer denuncias a los afectados, en los casos donde hubo adultos involucrados.
Graffiti causa temor
Paralelamente, un graffiti con mensajes alarmantes difundido en redes sociales generó preocupación en la comunidad.
Sin embargo, tras la verificación, la Policía determinó que no representa una amenaza real y que estaría relacionado con la réplica de un reto viral que se ha presentado en al menos diez instituciones del país.
Personería advierte un problema de fondo
El personero municipal, Leonardo Reales Chacón, advirtió que se han conocido denuncias sobre amenazas dirigidas a estudiantes, lo que enciende las alarmas sobre la seguridad y el bienestar en el entorno escolar.
En ese sentido, hizo un llamado urgente a la administración municipal y, en particular, a la Secretaría de Educación, para que adopten medidas contundentes y no soluciones parciales frente a esta situación.
“La Personería considera preocupante que se están reviviendo hechos que ya en el pasado generaron graves consecuencias. Es fundamental que las autoridades actúen de manera inmediata y efectiva”, señaló el Personero.
Reales Chacón fue enfático en señalar que la respuesta institucional no puede limitarse a medidas superficiales o temporales.
“La Secretaría de Educación del municipio tiene que dar una respuesta clara, estructural y efectiva. No se pueden aplicar paños tibios frente a situaciones que ya tienen antecedentes y cuyos resultados han sido negativos en el pasado”, afirmó.
Además, indicó que la Personería viene adelantando espacios de diálogo con el fin de recoger sus percepciones, preocupaciones y propuestas frente a la situación.
Sin embargo, subrayó que, aunque estas voces son fundamentales, la responsabilidad de actuar recae directamente en las autoridades competentes.
Por su parte, Carlos Olivares, delegado en salud y educación, calificó como “triste” el panorama actual, destacando que se han evidenciado conflictos entre estudiantes, agresiones físicas y la existencia de entornos de exclusión dentro del colegio.
Según informó, recientemente se presentó una riña entre estudiantes de grados superiores, que dejó como resultado una persona lesionada que tuvo que ir a un centro médico a que lo atendieran.
Adicionalmente, se detectaron mensajes amenazantes en instalaciones del plantel, así como intimidaciones verbales fuera del mismo, lo que configura un escenario de alto riesgo.
La Personería ha iniciado acciones preventivas, incluyendo requerimientos formales al rector de la institución, a la Secretaría de Educación municipal y a la oficina de control interno, con el fin de verificar las medidas adoptadas y exigir respuestas oportunas.
Asimismo, se está brindando acompañamiento a la víctima lesionada y se adelantará el traslado de la información a la Fiscalía General de la Nación.
La entidad también ha convocado mesas de trabajo con padres de familia y coordina acciones conjuntas con instituciones como el ICBF y la Policía Nacional, orientadas a restablecer los derechos de los menores y garantizar su integridad.
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