El 25 de octubre encontraron el cuerpo de Dylan Amaya, transmasculino de 33 años, atascado entre las rocas del río Otún, al frente del barrio La Esneda, Dosquebradas. La comunidad alertó a las autoridades, y después de rescatar el cadáver, informaron que se trataba de Amaya. 

Dylan residía en el barrio El Japón de Dosquebradas y para ganarse la vida trabajaba transportando personas en su moto. Los informes iniciales señalan que su cuerpo tenía varias lesiones de arma blanca, lo que probablemente pudo haberle costado la vida. 

Sin embargo, todavía no hay información oficial para determinar cuál fue el motivo y quien o quienes fueron los responsables del crimen. 

Organizaciones piden más garantías

Organizaciones como Transtornados, Plataformas y activistas independientes que vigilan y velan por los derechos de la población Trans, y en general de la comunidad LGBTIQ+, han manifestado su preocupación por el incremento de las violencias a personas con experiencia de vida trans y la nula respuesta de las entidades de control para salvaguardar su integridad. 

Andrés Mojica, activista en derechos humanos y miembro del colectivo Transtornados, reflexiona sobre las violencias que atraviesan a la comunidad en la vida cotidiana, desde lo familiar y educativo hasta lo laboral y el acceso a la salud. 

“Las violencias que nos atraviesan no solo suceden en casos extremos, como la muerte, sino que están presentes en nuestra vida cotidiana. Enfrentamos obstáculos en temas laborales, en el acceso a la salud, y sufrimos violencias en los entornos médicos. Aquí es donde uno se cuestiona: lo que un funcionario cree o asume es lo que se aplica, y esto puede ser peligroso y discriminatorio".

Andre Villa, también activista independiente de Pereira y colabora con la colectiva Armario Abierto en Manizales, expresa tener pocas garantías sociales para poder ser, los obliga a evitar lugares como centros de salud para no ser discriminados o a tener trabajos informales.

“La falta de garantías afecta nuestra vida en varios aspectos, como la salud y el trabajo. Muchas personas trans no reciben un trato digno en el ámbito laboral, lo que empuja a muchas de mis compañeras a ejercer trabajos informales o a buscar oportunidades fuera del país. Queremos abrir puertas en lo laboral, pero siempre se nos cierran”.

Villa y Mojica coinciden en que la falta de un registro claro que no discrimine sus decisiones y su derecho a la identidad, dificulta el registro y las estadísticas de violencias que les afectan. 

“La falta de estadísticas claras y registros sistematizados dificulta el acceso a la justicia. Sin un plan, estrategia o sensibilización adecuada, es muy complicado identificar y responsabilizar a quienes cometen actos de violencia y asesinatos contra nuestra comunidad”, precisa Mojica.

Villa, además, menciona el caso de Katehryn Castro, una mujer trans del Quindío a quien intentaron asesinar en enero de 2024 con arma de fuego, y que tuvo que salir del país por la falta de garantías que le dieron las instituciones.

“Siempre estuvimos acompañados por la Defensoría y por la Patrulla Púrpura de la policía, más no por alcaldía ni por gobernación. Entonces al no tener garantías a ella le tocó salir del país”. 

Eduardo Montoya, activista y consultor externo de la Fundación Plataformas, expresó su preocupación por los casos recientes de violencia que involucran como víctimas a personas de la comunidad LGBTIQ+ en el departamento.

"El año pasado, en Risaralda se registraron cinco asesinatos motivados por prejuicios hacia las orientaciones sexuales e identidades de género de las víctimas. Este año, junto con la Personería de Dosquebradas y la Defensoría del Pueblo, hemos documentado ocho casos de violencia, incluidas amenazas y panfletos intimidatorios". 

Pero es crítico con el andamiaje judicial y legislativo porque sigue vulnerando las garantías básicas para salvaguardar la vida y la integridad de las personas con experiencia de vida trans. Montoya explica que al no tener políticas públicas eficaces para el registro de estos casos, se dificulta hacer seguimiento e investigación.

"El Gobierno Nacional y los gobiernos locales no han implementado políticas públicas eficaces para el registro de estos casos. La Fiscalía y la Policía Nacional suelen categorizar mal los hechos victimizantes, lo que dificulta el seguimiento y la investigación", señaló.

Montoya también destacó la situación de vulnerabilidad de las personas trans en Colombia, con una expectativa de vida de apenas 35 a 38 años debido a la constante discriminación, violencia y falta de apoyo familiar. 

Velatón por la memoria de Dylan

El colectivo Transtornados y Metamorfosis Trans agendaron una velatón para mañana 30 de octubre en el Parque El Lago Uribe de Pereira, por la memoria de Dylan a las 6:00 p.m. 

“Invitamos a quienes quieran sumarse a esta acción conmemorativa a que se acerquen al Parque del Lago, con respeto y con una vela, para recordar y honrar las vidas transmasculinas que han sido olvidadas y tratadas como invisibles por la sociedad”.

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