En un evento abierto al público realizado en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, el martes 14 de abril del 2026, se llevó a cabo la presentación oficial de un convenio educativo entre la Universidad de Caldas y los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Tolima.
Quienes dieron a conocer la información del convenio fueron: El alcalde de Puerto Salgar, Adrián Gutiérrez Gómez: el vicerrector de la universidad, Fabio Alonso Mesa Ramírez y la gerente de la ESE Hospital Diógenes Troncoso, Derly Liceth Murcia. Además, hicieron presencia funcionarios, directivos docentes, estudiantes y padres de familia.
La iniciativa, que busca ampliar el acceso a la educación superior en la región del Magdalena Centro, fue recibida con grandes expectativas por parte de la comunidad; sin embargo, terminó generando un fuerte debate debido a las condiciones establecidas para el ingreso de los aspirantes.
Durante la jornada, se socializó la oferta académica correspondiente al periodo 2026 en el segundo semestre en la sede Magdalena Centro, ubicada en el centro poblado de Guarinocito, en La Dorada, Caldas. En dicha presentación se expusieron tres programas: Medicina, Enfermería e Ingeniería en Agroindustria, cada uno con un enfoque orientado a responder a las necesidades productivas y sociales del territorio.
El programa de Medicina contará con una duración de 13 semestres y ofrecerá 30 cupos por semestre, mientras que Enfermería tendrá una duración de 10 semestres con 48 cupos anuales. Por su parte, Ingeniería en Agroindustria se proyecta como una propuesta innovadora de 8 semestres
que integra procesos productivos, sostenibilidad e inteligencia artificial aplicada al sector agroindustrial.
Según lo expuesto por los organizadores, estos programas buscan fortalecer sectores estratégicos como el café, cacao, caña de azúcar, plátano, ganadería y otros sistemas productivos clave del Magdalena Centro.
Asimismo, se resaltó un modelo educativo práctico, basado en el principio de que el estudiante aprende haciendo, lo que pretende articular la formación académica con la realidad del entorno.
Con obras pendientes
En cuanto a la infraestructura, se presentó el desarrollo del Predio Santa Cecilia en La Dorada, donde se proyecta la construcción de laboratorios, zonas de investigación, aulas académicas y como espacio para el desarrollo de clases en el área agroindustrial.
Sin embargo, este lugar aún no está completamente habilitado, lo que obliga a trasladar temporalmente las actividades al Centro de Innovación, un espacio que, según lo manifestado, ya no cuenta con la capacidad suficiente para albergar a más estudiantes.
En relación con la infraestructura de bienestar, se anunció que estos edificios de residencias universitaria cuentan con la capacidad para aproximadamente 320 alumnos, no obstante, se comentó la entrega de solo cuatro edificios, de un total proyectado de diez.
Esto implica que, al menos durante el primer año, no habrá suficiente capacidad para alojar a todos los estudiantes que lo requieran, generando dificultades adicionales para quienes provienen de otras zonas.
Entonces, de acuerdo con lo observado y comentado por estudiantes de la misma universidad, varias de estas instalaciones aún no se encuentran completamente terminadas, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad real de la sede para iniciar operaciones en las condiciones anunciadas.
Son varios los cuestionamientos
Uno de los elementos centrales del convenio es la asignación de 126 cupos distribuidos entre 19 municipios de los tres departamentos vinculados. Aunque esta medida pretende beneficiar a poblaciones específicas, también ha sido cuestionada debido a la limitada cantidad de cupos frente a la alta demanda educativa existente en la región, lo que podría dejar por fuera a un número considerable de aspirantes.
Sin embargo, el punto más crítico de la jornada fue la exposición de los requisitos de admisión. Entre las condiciones establecidas se exige que los aspirantes hayan cursado los grados 9°, 10° y 11° en un colegio público del mismo municipio, excluyendo automáticamente a estudiantes provenientes de instituciones privadas o de otros territorios.
Asimismo, no se permite el ingreso de personas que hayan obtenido su título de bachiller mediante procesos de validación académica. Muchas personas señalaron que esta exigencia no tiene en cuenta la realidad social de numerosos estudiantes, quienes, por motivos económicos, familiares o de movilidad se ven obligados a cambiar de institución durante su formación.
En ese sentido, exigir continuidad en un mismo colegio se percibe como una condición poco realista que termina dejando por fuera a quienes más dificultades han enfrentado en su proceso educativo. Generó a su vez una gran inconformidad la exclusión indirecta de personas provenientes de otras ciudades o municipios no incluidos en el convenio.
Según lo expresado por los individuos, esta medida limita el acceso a quienes, a pesar de tener interés y méritos académicos, quedan automáticamente fuera por su lugar de origen, lo que contradice el principio de acceso universal a la educación superior.
Durante el espacio de preguntas, el ambiente del evento cambió de manera notable. Lo que inicialmente se desarrollaba como una presentación institucional se convirtió en un escenario de cuestionamiento por parte de la comunidad.
La presencia de autoridades locales, incluido el alcalde de Puerto Salgar, y representantes de la universidad, entre ellos el vicerrector, quienes buscaron que no surgieran tensiones frente a las inquietudes planteadas.
Pero según testimonios de la audiencia, las respuestas ofrecidas por los organizadores no lograron resolver las dudas existentes, lo que incrementó la percepción de inconformidad. Varias intervenciones del público señalaron que el convenio, aunque bien intencionado, podría estar desconectado de la realidad social de la región.
Uno de los momentos más relevantes del debate fue la intervención de dos estudiantes universitarios, David Esteban Ortiz Guerrero (representante de la facultad de ingenierías) y Cristian Ramírez Córdoba (representante del comité de regionalización) quienes cuestionaron directamente las condiciones del convenio, argumentando que estas podrían vulnerar el acceso equitativo a la educación superior.
Sus planteamientos generaron respaldo entre los asistentes, evidenciando un sentir colectivo frente a lo que consideran inconsistencias en el modelo propuesto. En este contexto, aunque el convenio representa una oportunidad importante para descentralizar la educación superior y ampliar la cobertura en zonas históricamente limitadas, también evidencia una serie de desafíos estructurales que deben ser atendidos para garantizar su efectividad.
La tensión entre la intención institucional y la percepción ciudadana fue uno de los aspectos más evidentes del evento. Mientras las autoridades defienden el convenio como una estrategia legalmente respaldada y orientada al desarrollo regional, la comunidad insiste en que es necesario revisar sus condiciones para evitar que se convierta en un mecanismo de exclusión.
Finalmente, el encuentro dejó en evidencia la importancia de construir políticas educativas que no solo respondan a criterios administrativos, sino que también consideren las realidades sociales de los territorios.
El debate generado en Puerto Salgar no solo refleja inconformidad, sino también una oportunidad para replantear el enfoque del convenio y avanzar hacia un modelo más equitativo e incluyente.
Por ahora, el proyecto continúa en proceso de implementación, pero las voces de la comunidad dejan claro que su éxito dependerá de la capacidad de las instituciones para escuchar, ajustar y garantizar que el acceso a la educación superior sea realmente una oportunidad para todos y no un privilegio limitado por condiciones que muchos consideran injustificadas.
* Este informe fue elaborado por Nath Henao estudiante de la Institución Educativa Técnica Alfonso López, IETAL, de La Dorada, que hace parte del programa Prensa Escuela de LA PATRIA.
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