Las promesas van y vienen, pero hay necesidades que sobreviven al veredicto de las urnas.
Este viernes (1 de mayo), en el Día Internacional de los Trabajadores y a 30 días de las elecciones presidenciales de Colombia, LA PATRIA revisa las propuestas en materia laboral de cinco candidatos a la Presidencia de Colombia.
La informalidad es una incertidumbre para quienes la padecen y, a la vez, una certeza que ha sobrevivido a gobiernos de distintas orillas ideológicas.
Los costos para emprender alargan la sombra de las incógnitas laborales. El aumento de la productividad se perfila como una pregunta sin respuesta y la formación aparece en las propuestas como un antídoto recurrente.
LA PATRIA consultó a cuatro expertos que dieron sus veredictos sobre las soluciones que plantean cinco aspirantes a la Casa de Nariño.
Los aspirantes seleccionados lideraron la intención de voto en la encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, en abril de este 2026. Iván Cepeda se posicionó en el primer lugar con un 44,3%, seguido de Abelardo de la Espriella (21,5%), Paloma Valencia (19,8%), Claudia López (3,6%) y Sergio Fajardo (2,5%).
Derechos laborales y economía popular, los ejes de Cepeda
Foto | EFE | LA PATRIA
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, propone una agenda centrada en la redistribución del ingreso, el fortalecimiento de la economía popular y la formalización laboral. Defiende el aumento del salario mínimo y lo presenta como un “salario vital”, al tiempo que impulsa el cooperativismo y la participación de organizaciones sociales en la contratación pública.
Jorge Olmedo Upegui, experto en Derecho Laboral y Seguridad Social, advierte que “un incremento constante del salario mínimo del 23% resulta insostenible” y puede generar efectos como automatización, reducción de puestos de trabajo y presión sobre pequeños empleadores. Señala que este tipo de aumentos “golpea más a quienes no ganan el mínimo”, porque sus ingresos crecen al ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras sus costos suben más rápido.
El planteamiento de Cepeda también incluye que comunidades, asociaciones y organizaciones territoriales puedan ejecutar recursos del Estado, con el objetivo de democratizar la contratación y reducir la concentración en grandes empresas. También propone igualar condiciones entre economía popular y gran empresa, buscando que pequeños productores y trabajadores tengan acceso a las mismas oportunidades.
De igual forma, reconoce como actores económicos a vendedores informales, madres comunitarias, campesinos, jóvenes y víctimas del conflicto. En esa línea, insiste en fortalecer la economía solidaria y comunitaria como motor de desarrollo.
Juan Felipe Jaramillo, analista económico, afirma que con el aumento de beneficios laborales sin mejoras previas en productividad “el riesgo de expulsión hacia la informalidad es altísimo”. Aunque resalta como lo mejor de sus ideas el énfasis en justicia social, advierte de un riesgo técnico crítico: “Podría terminar beneficiando a quienes ya tienen empleo formal, pero cerrándoles la puerta a los desempleados”.
Otro eje del candidato, que tiene a Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial, es la lucha contra la pobreza mediante cambios estructurales, no solo subsidios. Plantea una política de igualdad sustantiva que incluye reformas fiscales progresivas, redistribución de la riqueza y garantías de derechos universales. Dentro de este enfoque, ubica la renta básica universal como parte de un sistema más amplio de protección social.
Todo esto lo resume Jorge Albeiro Marín, laboralista y panelista radial, en un mensaje de continuidad con la línea del presidente Gustavo Petro. “Este Gobierno, en los programas sociales, ha tomado posiciones que impactaron a la clase trabajadora, como el incremento del salario mínimo, la reforma agraria y la entrega de tierra a los campesinos (...). Cepeda les da prioridad a los derechos de la clase obrera”.
De la Espriella, centrado en empresa y empleo rural
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Estimular el crecimiento económico y fortalecer el empleo desde el sector productivo, con énfasis en el campo y el emprendimiento, son los enfoques de Abelardo de la Espriella, aspirante del movimiento Defensores de la Patria. Su objetivo central es “garantizar un ecosistema proempresa que permita superar el crecimiento del PIB por encima del 3%” y dinamizar la generación de empleo.
Entre sus principales apuestas está la creación de “más de 600 mil empleos rurales”, acompañada de una estrategia para convertir al campesino en propietario y mejorar su productividad. Propone la Escuela de Emprendedores Rurales, que formaría a “100 mil jóvenes en prácticas más eficientes y productivas”, con acceso a crédito, tecnología y mentoría.
En materia de inclusión laboral, el compañero de fórmula de José Manuel Restrepo presenta un plan para “formalizar 200 mil emprendimientos femeninos”, con un fondo de $500 mil millones para promover la autonomía económica de las mujeres. A esto suma la formación de al menos 150 mil mujeres en economía digital, así como el reconocimiento económico del trabajo de cuidado mediante subsidios.
No obstante, el análisis de expertos evidencia vacíos. Jorge Upegui es crítico y afirma que “no hay propuestas estructuradas en materia laboral, sino enunciados generales”, lo que dificulta evaluar su impacto real en la formalización o calidad del empleo.
Desde otra perspectiva, el especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales Juan Andrés Jiménez resalta que el interés por generar empleo rural “tiene sentido en un país con tanto campo desaprovechado”, pero advierte que “su materialización exige cuidado: formalizar al trabajador agrícola podría encarecer la canasta familiar y restar competitividad a las exportaciones”.
El economista Juan Felipe Jaramillo destaca como puntos positivos la Escuela de Emprendedores Rurales y el énfasis en la propiedad privada como garantía de progreso. Sin embargo, alerta que “crecer para emplear a veces ignora que, sin reducir los costos de la formalidad, el crecimiento genera riqueza, pero no necesariamente empleos de calidad con seguridad social”.
Los analistas coinciden en que la propuesta de De la Espriella apunta a dinamizar la economía, pero presenta debilidades en la concreción de políticas laborales directas y en los mecanismos para reducir la informalidad.
Crédito, simplificación y formalización, bases de Paloma
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La propuesta laboral de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, combina medidas para el agro, el acceso a crédito y la formalización, pero su mayor fortaleza, según el experto Juan Felipe Jaramillo, está en el intento de “atacar la informalidad desde la base de la pirámide productiva”. Él la define como un enfoque de “simplificación y crédito”, con una hoja de ruta clara para integrar a pequeños emprendedores al sistema económico.
En ese sentido, resalta herramientas como el uso de billeteras digitales para crear historial crediticio y la creación de un “minirrégimen simple”, que facilitaría la formalización de pequeños negocios. Para Jaramillo, este punto es clave porque enfrenta directamente la falta de capital, obstáculo para el crecimiento de emprendimientos en Colombia. Sin embargo, señala limitaciones importantes: indica que la propuesta no desarrolla cómo mejorar el capital humano, lo que deja un vacío frente a la productividad.
También Jaramillo plantea un riesgo fiscal: la idea de reducir tarifas e impuestos para estimular la creación de empresas podría disminuir los ingresos del Estado en el corto plazo. Según el analista, la viabilidad de esta medida depende de que se explique cómo se compensará esa caída, ya sea ampliando la base de contribuyentes o ajustando el gasto público.
Desde el enfoque jurídico-laboral, Juan Andrés Jiménez considera que Valencia, a quien acompaña Juan Daniel Oviedo como aspirante a la Vicepresidencia, presenta propuestas con mayor nivel de concreción frente a otros candidatos, especialmente en temas como el fortalecimiento del agro y la inclusión de vendedores informales en el sistema financiero. No obstante, avisa que la estrategia queda incompleta si no se acompaña de cobertura en seguridad social, ya que la formalización no se limita al acceso a crédito.
Jiménez también ve positivo que se plantee reducir cargas tributarias para impulsar la creación de empresas, al considerarlo un “camino razonable para estimular el empleo formal”. A esto se suma un enfoque de género al “respaldar emprendimientos liderados por mujeres”, aunque señala que no hay una política directa ni desarrollada para garantizar ese objetivo.
Claudia: capital humano y conexión entre educación y empleo
Foto | EFE | LA PATRIA
La propuesta laboral de Claudia López, del movimiento Con Claudia imparables, se enfoca en cerrar la brecha entre formación y empleo, con un enfoque por el capital humano como motor del mercado laboral. Su estrategia gira alrededor de una agencia nacional de educación posmedia, orientada a que el estudio se traduzca en trabajo real mediante la articulación con clústeres regionales.
En esa línea, el economista Juan Felipe Jaramillo destaca como fortaleza el énfasis en sectores estratégicos como tecnología y biotecnología, así como la propuesta de reconversión laboral para mayores de 50 años.
Desde el análisis de Juan Andrés Jiménez, la candidata que hace campaña en llave con Leonardo Huerta se mueve en una lógica similar a la de Sergio Fajardo, al buscar conectar a estudiantes universitarios y del Sena con empleadores. Resalta que incluya medidas para poblaciones vulnerables, como incentivos y cuotas de contratación para personas en condición de discapacidad, además de abordar el empleo de mayores de 50 años, “un dolor de cabeza compartido en muchos países”.
No obstante, ambos expertos evidencian limitaciones en el programa de gobierno de López. Jaramillo señala que la transición de micronegocios a empresas formales no depende solo de formación, sino que “requiere una reforma profunda de los costos no salariales”. Jiménez, por su parte, indica que la idea de fortalecer clústeres productivos con vocación exportadora merece mayor desarrollo.
Fajardo propone coordinación estatal y empleo basado en evidencia
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El Sistema Nacional de Coordinación para el Empleo, que articularía entidades como el Sena, el DANE y los gobiernos territoriales para monitorear vacantes, habilidades y procesos de formalización en tiempo real es el eje central de la propuesta de Sergio Fajardo. El candidato, cuya fórmula vicepresidencial es Edna Bonilla y es avalado por el partido Dignidad & Compromiso, se caracteriza por un enfoque técnico que busca ordenar el mercado laboral desde la coordinación institucional y el uso de datos.
Para el economista Juan Felipe Jaramillo, este planteamiento refleja un “enfoque de estructura y evidencia”, alineado con recomendaciones técnicas sobre cómo mejorar la eficiencia del mercado laboral. Ese énfasis en conectar oferta y demanda también se refleja en la idea de una Mesa de Educación para el Trabajo, que busca ajustar la formación a las necesidades reales del aparato productivo.
En este punto, el abogado Jorge Upegui considera que la propuesta es pertinente: “Mucha de la oferta de capacitación actual está enfocada en temas que no están conectados con las necesidades del mercado laboral. Eso se traduce en desempleo calificado”. Jaramillo coincide y destaca como uno de los mayores aciertos el “matching laboral”, es decir, lograr que lo que las personas saben hacer coincida con lo que requieren las empresas.
Desde el campo jurídico, Juan Andrés Jiménez destaca que se trata del “programa más completo en materia laboral”, con metas e indicadores claros. Resalta que incluye aspectos que suelen quedar relegados, como el Estatuto del Profesional Independiente, que busca regular pagos y condiciones contractuales, así como medidas para aliviar la carga fiscal y prestacional de las microempresas. También elogia el fomento al teletrabajo y la formalización progresiva como herramientas para ampliar el empleo formal.
No obstante, los analistas dicen que hay desafíos. Jaramillo señala un riesgo institucional: “Su plan asume un Estado eficiente, transparente y ágil que hoy Colombia no tiene del todo. Es una propuesta de primer mundo para una institucionalidad que aún está en vía de desarrollo”. Upegui agrega que la formalización progresiva, aunque necesaria, es difícil de implementar en la práctica, pese a que puede aliviar a pequeños empleadores.
Aun con esas limitaciones, los tres expertos coinciden en que Fajardo es el único que plantea de forma explícita una formalización gradual, reconociendo que –en palabras de Jaramillo– “un micronegocio no puede asumir los mismos costos que una multinacional desde el inicio”.
Apuntes laborales de seis aspirantes
Luis Gilberto Murillo (Movimiento Murillo Presidente): impulsa cadenas productivas regionales, innovación tecnológica y capacitación técnica.
Roy Barreras (Partido La Fuerza): propone una “mochila digital” para seguridad social flexible y cotización por ingresos diarios.
Mauricio Lizcano (Movimiento Firme con Lizcano - Colombianismo): enfoca su plan en una transición hacia economía baja en carbono y adaptación al impacto de la inteligencia artificial.
Sondra Macollins (Movimiento Sondra Macollins, la abogada de hierro): plantea formalización flexible para informales, primer empleo garantizado y expansión agrícola.
Santiago Botero (Movimiento Romper el Sistema): propone legalizar el mototrabajo y fortalecer infraestructura productiva.
Miguel Uribe (Partido Demócrata Colombiano): busca reducir costos laborales, flexibilizar contratación y promover empleo en infraestructura y tecnología.
LA PATRIA intentó obtener el programa de gobierno de Carlos Eduardo Caicedo (Partido Fuerza Ciudadana), contactando a su campaña, pero no fue posible hasta el cierre de esta edición. De Gustavo Matamoros (Partido Ecologista Colombiano) no se halló información en internet ni se pudo establecer comunicación con su equipo.
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