En un documento que conoció LA PATRIA del 29 de abril, respondido por el Jorge Iván Flórez Blandón, subdirector jurídico del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) confirmó que "Juan Pablo Córdoba Tinoco, identificado con cédula de ciudadanía 94.504.922, cuenta con sanción disciplinaria de suspensión de la matrícula profesional 76202- 196275 como ingeniero civil".

Esa suspensión, asegura, es por 24 meses, a partir del 22 de septiembre del 2022, hasta el 22 de septiembre de 2024.

El caso se refiere al ingeniero con el que se presentó la propuesta para el mantenimiento vial entre Supía-Caramanta, y que finalmente fue adjudicado al Consorcio Vial Asfalto.

Revocatoria

Esto es lo que motivó la petición de revocatoria y las pruebas las había presentado el Consorcio Corredores Viales, uno de los 32 aspirantes a esta licitación pública, al insistir que hubo varias inconsistencias en la documentación presentada.

Entre ellas citó que "la propuesta es avalada y presentada por un ingeniero que no cuenta con una matrícula profesional vigente, por lo cual actualmente no es hábil para ejercer dicha profesión", refiriéndose a Córdoba Tinoco.

Bajo estas condiciones, la petición puntual fue revocar el acto de adjudicación de esta licitación y que se revalúe el orden de ponderación, con la advertencia de que en caso negativo se llevará este hecho hasta las últimas instancias.

En estudio

La semana pasada la secretaria jurídica, Sandra Milena Ramírez, explicó que el contrato no se ha celebrado aún, ya que la firma es una figura asociativa, por lo que deben tramitar el Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN, lo que aún no han hecho.

Igual destacó que analizan el documento, con el fin de ser garantes del debido proceso, por lo que ya se elevó la consulta al Copnia, donde se revisan las matrículas profesionales de los ingenieros. "Si lo que ahí se manifiesta es cierto, nos tocará proceder a la revocatoria del acto de adjudicación y compulsar copias a la Fiscalía y demás órganos de control".

En caso contrario se continuará con la celebración del contrato con el Consorcio Vial Asfalto, entidad a la que también se le envió la solicitud de revocatoria para que se pronuncie y aporte los documentos necesarios.

La demora

A la consulta del porqué no se revisó toda esa documentación previamente para constatar dicha legalidad, la secretaria sostuvo que todos los documentos se cargan en el Secop con la documentación que se aporta, según lo establecido en los pliegos tipo de condiciones. Eso "con una revisión previa y exhaustiva de lo que presentan", defendió.

Dijo que la Gobernación, como servidores públicos, se basan en el principio de buena fe, considerando, además, que las objeciones nunca existieron en la etapa de observaciones ni en otras partes del proceso, previo a la adjudicación.

La secretaria también argumentó que las obras no sufrirán retrasos, ya que se tiene estimado iniciar el contrato en la última semana de mayo, y aún se está en proceso de selección de la interventoría, lo que se haría el 21 de mayo.

LA PATRIA llamó en su momento al Consorcio Vial Asfalto para conocer su concepto sobre esa demanda, pero solo se pronunció a través de comunicado el 26 de abril.

En cifras y datos

• El contrato fue adjudicado por un total de $27 mil 842 millones 860 mil 834, para un mejoramiento de 8 kilómetros.
• El segundo contratista en orden de elegibilidad es el mismo que demandó: Consorcio Corredores Viales.