Ni los sindicatos se esperaban el ajuste salarial que anunció el Gobierno nacional el pasado lunes, 29 de diciembre.

Aunque el tira y afloje se centró en un aumento del 7,21% que proponían los empresarios y el 16% de los sindicatos, finalmente el Gobierno sorprendió a ambos bandos con un ajuste del 23% que, en su concepto, termina siendo solo del 18%, si se descuenta cerca del 5% de inflación en que terminará este año.

En medio de ese incremento, el más alto registrado en la historia de Colombia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que se trata de una nueva era en la discusión del salario mínimo, "referenciado ahora a la definición del salario vital”, dijo, al destacar el histórico nivel al que llegará el ingreso de millones de trabajadores en Colombia.

Algo similar planteó el miembro nacional de la junta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Óscar Arturo Orozco Sánchez, quien resaltó que el sector sindical no solo aplaude sino que respalda dicho aumento, pues con ello se aplican lineamientos como el de la Organización Internacional del Trabajo.

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Populista e irresponsable

En contraste, gremios y dirigentes empresariales calificaron la medida como irresponsable y populista, y como una muestra de lo que ha sido este Gobierno, más si se tiene en cuenta que en los ya casi 4 años de Petro, este fue el tercer ajuste por decreto, sin ninguna concertación salarial ni tener en cuentas efectos como la inflación y la productividad.

Lo hizo para el 2024 cuando determinó un ajuste del 12,07%, hasta llegar a $1 millón 300 mil, más un aumento del 15,2% en el auxilio de transporte, que se fijó en $162 mil.

También lo decretó para este 2025, cuando anunció un ajuste del 9,5%, con un salario que alcanzó el $1 millón 423 mil 500, más un subsidio de transporte de $200 mil, 38 mil más que en el 2024, un incremento del 23,45% (Ver infográfico).

Ahora, para el 2026, la situación no cambió y lo incrementó en el 23%, tal y como lo anunció previamente LA PATRIA, hasta llegar al $1 millón 750 mil 905, más un auxilio de transporte $249 mil 95, un alza del 24,5%.

De ahí que el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente insistió en que no iba a participar en dicha mesa concertación salarial, al calificarla como "una payasada", más cuando el Gobierno ya sabía lo que iba a hacer.

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El segundo más alto

El único salario concertado con los empresarios en este Gobierno fue en el ajuste para el 2023, cuando se acordó un alza del 16%, más el auxilio de transporte que aumentó un 20%.

Sin embargo, aunque en la foto tripartita que se tomaron gremios, sindicatos y el Gobierno a finales del 2022 brilló la felicidad, la intención fue mostrar voluntad, pero con la condición de un manejo racional en adelante ante el regular crecimiento del país y el control de la inflación, hechos que los fueron distanciando y opacando el recuerdo.

Para algunas empresas en Caldas, el riesgo de los nuevos ajustes se centra en que son decisiones unilaterales y arbitrarias, al insistir en que se trata de "pan para hoy y hambre para mañana", más cuando varios cobros y tarifas están indexadas al salario mínimo, lo que afectará la capacidad de gasto de los hogares.

El problema también se debe a que de las cerca de 24 millones de personas ocupadas en el país, solo unas 2,4 millones devengan el mínimo, pero unos 11,3 millones reciben menos de ese ingreso, lo que los alejará aún más de un salario digno.

Efecto empresarial

El temor también se centra en el impacto para las empresas, ante todo para las pequeñas, aunque en el discurso tanto de los sindicatos como del ministro de Trabajo se centró en que se mantendrán las ayudas y que el Gobierno estará cerca, en la medida en que generen empleo continuo y digno, hecho del que dudan varios analistas.

Lo anterior, ante el riesgo de que se frene la contratación, producto de los mayores gastos, lo que seguirá disparando la informalidad que hoy en el promedio nacional es del 55,4%, lo que significa que algo más de la mitad de las familias se emplea en el rebusque.

En el caso de Manizales, aunque se tiene la segunda menor informalidad del país con una tasa del 37,2%, la tasa sigue creciendo y ya son casi 4 de 10 empleos que no tienen garantías laborales. De ahí la advertencia de varios expertos sobre el impacto en la competitividad y el freno en el crecimiento económico.

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* Marcelo Salazar Velásquez, presidente del Comité Intergremial de Caldas

Un ajuste tan alejado de los datos de inflación y productividad pueden generar consecuencias negativas ante la destrucción de empleos, el desincentivo a la creación de nuevos puestos de trabajo, aumento de la informalidad, presión inflacionaria, e incluso el cierre de empresas y negocios, sobre todo pequeños y medianos. A la larga, genera un impacto negativo no solo para empresarios y comerciantes sino para las personas más vulnerables de la sociedad.

* Óscar Villegas Velásquez, presidente de junta de la Cámara de Comercio de Manizales

Este incremento es exagerado y va en contra de toda lógica económica. Se puede anticipar un crecimiento de la informalidad y una inflación que se alejará de la meta que requerimos para estabilizar la economía. Es una medida desafortunada. Para quienes no tienen trabajo o están en la informalidad los aleja cada vez más de obtener un empleo digno. Es una tristeza que este gobierno quiera hacer populismo con un tema tan delicado.

* Bruce Mac Master, presidente nacional de la Andi

Las decisiones populistas se caracterizan por generar la idea de que se están beneficiando, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles. Afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia.

* Juan Felipe Jaramillo Salazar, analista económico

Muchas empresas trasladarán ese aumento a precios, lo que puede reducir la demanda interna y facilitar la sustitución de producción nacional por importaciones. En el sector público, el encarecimiento estructural de la mano de obra incrementa los costos de obra, rompe equilibrios contractuales y, dado que los presupuestos son rígidos, se traduce en menos obras, reducción de alcances o inviabilidad de ejecución. Este choque salarial tiende a ampliar la informalidad laboral, ya que una parte del tejido productivo, especialmente micro y pequeñas, no logran absorber el aumento de costos, optando por esquemas informales de contratación, debilitando el empleo formal y la base de recaudo.

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