Un accionista del Deportivo Pereira, Andrés Felipe Guapacha Orozco, presentó una solicitud formal de apertura de investigación disciplinaria contra los integrantes de la junta directiva y el revisor fiscal del club, en medio de presuntas irregularidades administrativas y financieras.
La petición fue dirigida al comité disciplinario de la institución y copiada a entidades como la Superintendencia de Sociedades, la Dimayor, el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Fútbol, con el objetivo de que se evalúe la legalidad de varias actuaciones recientes de la administración del club.
Negocio por $14.000 millones
El accionista señala que la junta directiva habría suscrito un negocio jurídico por cerca de $14.000 millones para la adquisición de cuatro predios bajo la figura de “opción mercantil”, sin contar con autorización previa de la junta o la asamblea de accionistas, como lo exigen los estatutos de la sociedad para operaciones superiores a 1.000 salarios mínimos.
Según el documento, los inmuebles presentan medidas de embargo vigentes, lo que, de acuerdo con la normativa citada, podría implicar la nulidad del contrato, dificultades para su registro y riesgos económicos para la sociedad.
“El Promotor a renglón número No. 01 identifica una cuenta por $4 mil 512 millones, como anticipo al negocio jurídico de adquisición bajo el nombre de “Opción Mercantil” de los cuatro (4) predios que presentan embargos varios, cuyo valor global es $14 mil millones y que fueron adquiridos bajo esta modalidad”.
Además, se advierte que la operación se habría realizado sin avalúo previo ni análisis jurídico detallado de los bienes.
“Es claro y a todas luces está que un negocio que descapitaliza la empresa, no cuente con avalúos que soporten el precio sobre un análisis pormenorizado y específico con respecto al valor del metro cuadrado (m2) en la zona y de un análisis también pormenorizado de la situación jurídica de los predios a adquirir, siendo que el objeto social principal de la sociedad, no son los bienes raíces”, dice el documento.
Hallazgos del promotor
El documento menciona además que, dentro del proceso de reorganización empresarial que adelanta el club ante la Superintendencia de Sociedades, el promotor designado reportó inconsistencias financieras y contables que dificultan la calificación de acreencias.
Entre los hallazgos, se identifica un anticipo superior a $4.512 millones relacionado con la operación de los predios.
Así como un préstamo cercano a $9.573 millones proveniente de otra sociedad en reorganización, lo que, según el accionista, también habría requerido autorización de los órganos de gobierno y podría implicar nuevas irregularidades.
“El promotor identifica otra suma por valor $9 mil 573 millones, que al parecer trata de un préstamo de la sociedad Inversiones López LTDA en reorganización, para el funcionamiento del Club, es decir otro negocio que debió contar con autorización de la junta directiva y asamblea, y que al tratar sobre empresas en cuya juntas hay miembros que comparten asiento en la toma de decisiones de ambas, debió igualmente exponer y evidenciar de qué forma se solventó en posible conflicto con relación a los administradores de la Junta de la sociedad deportiva”.
El accionista también cuestiona que una empresa como Inversiones López LTDA, en proceso de reorganización, haya podido prestar esa cantidad de dinero a otra compañía.
“Se debe destacar que una entidad bajo reorganziación, como lo es Inversiones Lopez Ltda, debió pedir permiso a Juez del concurso, dado que es apenas raro y llama poderosamente la atención que una entidad en la situación en la que se encuentra realice un préstamo millonario a otra en la que posee un interés directo y que como ya se dijo comparten miembros en grado de familiaridad, lo que no implica per se que se puede hacer lo que sea sin esperar control por parte de los demás socios”.
Solicitudes y posibles sanciones
El accionista solicitó que se adelante la investigación disciplinaria y, de encontrarse responsabilidades, se proceda con la remoción de los directivos involucrados, entre ellos el presidente y representante legal del club, Álvaro de Jesús López Bedoya.
Además, pidió que se informe a las autoridades competentes para que evalúen posibles sanciones administrativas, disciplinarias e incluso penales, en caso de comprobarse conductas como la suscripción de contratos sin autorización o administración desleal.
La solicitud contempla que, de existir mérito, se remitan copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los hechos en el ámbito penal.
La denuncia también pone en cuestión la posible existencia de conflictos de interés, al indicar que las empresas involucradas en la negociación comparten socios y administradores con el club.
En ese contexto, se cuestiona que no se haya documentado la gestión de dichos conflictos ni se haya informado adecuadamente a los accionistas.
Asimismo, se señala al revisor fiscal, Juan David Salgado Ríos, por una presunta omisión en sus funciones de control, al no advertir o reportar las irregularidades descritas.
Por ahora, las entidades competentes deberán analizar la documentación aportada y determinar si se abre formalmente la investigación contra la dirigencia del club risaraldense.
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