Los gremios de vigilancia y seguridad privada de Colombia emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por varias decisiones del Gobierno nacional que, según afirman, amenazan la estabilidad de un sector que genera cerca de 400 mil empleos formales en el país.
Las organizaciones señalaron que la vigilancia privada representa el 1,13% del Producto Interno Bruto (PIB), moviliza alrededor de 21 billones de pesos al año y aporta el 4% del empleo formal en Colombia. Además, destacaron que se trata de una actividad regulada, con trabajadores afiliados al sistema de seguridad social y empresas sujetas a controles legales y tributarios.
En el documento, los gremios manifestaron su respaldo a la Constitución, la democracia, la libre empresa y el Estado Social de Derecho. Sin embargo, cuestionaron lo que consideran un proceso de deslegitimación del sector por parte del Gobierno.
Según el comunicado, algunas declaraciones oficiales han equiparado a las empresas de vigilancia con estructuras paramilitares sin pruebas que sustenten esas afirmaciones. También denunciaron demoras en los trámites de acreditación de personal ante las autoridades competentes, con tiempos promedio de 391 días y casos que han alcanzado hasta 1.348 días. Esta situación, aseguran, ha generado dificultades laborales e incluso problemas legales para algunos trabajadores.
Los representantes del sector también criticaron dos decisiones recientes: una calculadora salarial que calificaron como técnicamente deficiente y una modificación en la estructura tarifaria que, según sostienen, fue adoptada sin suficiente socialización y sin tener en cuenta algunos impactos económicos derivados de nuevas disposiciones legales.
Los gremios advirtieron que el debilitamiento de las empresas formales podría afectar especialmente a poblaciones con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Entre ellas mencionaron a más de 55.000 jóvenes que obtuvieron en el sector su primer empleo formal, más de 112.000 trabajadores mayores de 45 años y cerca de 80.000 mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar.
Asimismo, señalaron que la reducción de la capacidad operativa de las empresas legales podría abrir espacio para el crecimiento de servicios de vigilancia informal, sin garantías laborales ni controles estatales.
"Somos 400 mil trabajadores honestos. Somos un sector legal. Defendemos la democracia, las instituciones y el trabajo digno. Y lo seguiremos defendiendo", concluye el comunicado firmado por los gremios del sector de la vigilancia y la seguridad privada.
Las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno nacional para que las decisiones de política pública relacionadas con la actividad se adopten con criterios técnicos, diálogo previo y respeto por la seguridad jurídica, con el fin de proteger tanto a las empresas como a los trabajadores que dependen de este sector.
*Con información de Fedeseguridad.
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