La campaña presidencial colombiana entra en su fase más crítica envuelta en un clima de amenazas, denuncias y temores crecientes por la seguridad de los candidatos. A menos de seis semanas de las elecciones del 31 de mayo, las alertas sobre posibles atentados y los antecedentes de violencia política han elevado la tensión a niveles que recuerdan los episodios más oscuros de la historia reciente del país.
El detonante más reciente provino del presidente, Gustavo Petro, quien aseguró ayer que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dispone de “datos reales y concretos” sobre un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda. El mandatario, que se encuentra en España, no ofreció detalles sobre los presuntos responsables, pero enfatizó la necesidad de neutralizar cualquier amenaza antes de que se materialice.
Cepeda, aspirante del Pacto Histórico y líder en intención de voto según las encuestas, reaccionó con cautela. Anunció que solicitará información detallada a las autoridades, al tiempo que dejó claro que no abandonará su campaña. El candidato reveló además que durante los últimos meses ha recibido otras advertencias sobre posibles ataques, aunque evitó hacerlas públicas para no generar alarma.
El escenario se complejiza con denuncias provenientes de distintos sectores políticos. El expresidente Álvaro Uribe advirtió que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) tendría un plan para atentar contra la candidata Paloma Valencia. Según Uribe, altos mandos del grupo armado serían los responsables de un eventual intento de magnicidio, lo que encendió nuevas alarmas en la contienda.
Valencia, por su parte, ya había sido blanco de intimidaciones. Días atrás circuló en redes sociales una imagen que simulaba su fallecimiento, con una corona fúnebre y el mensaje “Descanse en paz”, lo que provocó rechazo generalizado.
En la misma línea, el candidato Abelardo de la Espriella también denunció amenazas en su contra.
Este clima de hostilidad no es aislado. La campaña aún está marcada por el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien murió meses después de ser atacado a tiros durante un mitin en Bogotá.
El crimen, considerado de los golpes más graves contra la democracia en décadas, reavivó el temor por la seguridad de los líderes políticos.
Las acusaciones cruzadas han añadido un componente adicional de polarización. Mientras Petro fue cuestionado por pronunciarse sobre algunas amenazas y guardar silencio frente a otras, Uribe vinculó los riesgos de seguridad a la política de “paz total” del actual gobierno, profundizando las divisiones.
Alerta internacional por seguridad electoral
El subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, lanzó una advertencia contundente frente a las amenazas contra aspirantes presidenciales en Colombia.
“Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan”, afirmó durante una audiencia en la Cámara de Representantes, en respuesta a una solicitud de la congresista María Elvira Salazar, aliada de sectores de la derecha colombiana.
Kozak aseguró además que la administración de Donald Trump está cooperando con autoridades colombianas para reforzar la protección de los candidatos. “Colombia ha tenido suficientes años de violencia política, no necesita volver a eso”, subrayó.
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