Michael Collins, director ejecutivo para las Américas del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), habla sobre el lanzamiento del Índice Global de Terrorismo (GTI), que mide la evolución, los patrones y los factores que impulsan el terrorismo a nivel mundial y en Colombia.
¿Cómo hacen esta medición a nivel global?
Como instituto, somos una organización sin ánimo de lucro dedicada a la construcción de paz. El impacto del terrorismo forma parte de uno de los 23 indicadores que seguimos y, en el caso del terrorismo, la verdad es que generalmente hay bastantes datos disponibles alrededor del mundo. Esto permite comparar este tipo de acciones en diferentes Estados, así como incidentes, número de muertes, heridos y rehenes relacionados con actos terroristas a nivel global.
A nivel global se observan puntos críticos como Medio Oriente y África. ¿Cuál es el panorama general de este último año?
El índice que acabamos de lanzar este año cubre completamente el año 2025. Globalmente vimos una reducción en el número de muertes y de incidentes terroristas respecto al año anterior (2024): un 28 % menos de muertes y un 20 % menos de incidentes. Aunque también hay que reconocer que esto depende de cada país.
Hay 10 países concretos que representan básicamente el 90 % de las muertes por terrorismo a nivel global. Sin embargo, la región del Sahel, que ahora consideramos el epicentro del terrorismo, registró ciertas mejoras, aunque el contexto sigue siendo complejo.
Durante la última década, Medio Oriente ha mejorado considerablemente en estas métricas. Actores como el Estado Islámico, que sigue siendo el grupo más letal del mundo, han desplazado gran parte de su actividad desde Medio Oriente hacia la región del Sahel y, cada vez más, hacia África subsahariana, en países como República Democrática del Congo y Mozambique.
En el informe, Colombia está entre los 10 países más críticos del índice. ¿Cómo está el panorama en Colombia?
Colombia entra en el top 10 por primera vez desde 2012. En este caso, la mayoría de los actos terroristas están asociados a las disidencias de las Farc y al Eln. Vimos aumentos significativos el año pasado. No solamente volvió a ingresar al grupo de los 10 países más impactados, sino que registró el tercer mayor deterioro a nivel mundial y el mayor número de muertes desde que comenzamos a elaborar el Índice Global de Terrorismo.
Aclaro que el índice mide únicamente las acciones de actores no estatales. Los aspectos más amplios relacionados con el terror que puede ejercer un Estado se analizan en otros informes, como el Índice Global de Paz.
¿En qué zonas analizaron que se incrementó el terrorismo en el país?
En el índice no realizamos análisis subnacionales. El valor principal del indicador es poder comparar incidentes, muertes e impacto del terrorismo de manera amplia en 163 países alrededor del mundo. Esto permite, por ejemplo, comparar a Colombia dentro del contexto global y ubicarla entre los 10 países más afectados.
Sin embargo, evidentemente vemos numerosos incidentes en Cauca, Valle del Cauca y, en particular, en la región fronteriza con Venezuela. Hay que tener en cuenta que muchos de estos grupos están asentados actualmente en zonas de frontera.
Globalmente, este es un fenómeno bastante común. Las regiones fronterizas, tanto entre Colombia y Venezuela como en el contexto del Sahel, en las fronteras entre Malí, Burkina Faso y Níger, tienden a ser los lugares donde los grupos terroristas consolidan su presencia y se expanden.
Una de las cosas que hemos observado en el Sahel es la expansión de estos grupos durante el último año, hasta el punto de llegar a ejercer control total sobre algunos territorios. Curiosamente, esto ha reducido el número de incidentes terroristas, porque ya no están combatiendo contra el Estado o contra otros grupos. Sin embargo, en términos de derechos humanos, control territorial y extorsión a la población, la situación es mucho peor.
En el caso de Colombia, ¿cómo se ha fortalecido ese crimen que ya es transnacional al operar en varios países?
Sí, y no solamente en dos países. Si observamos uno de los principales problemas no solo en Colombia, sino también en México y en otros lugares como Ecuador, vemos que hoy existe una conexión mucho más fuerte entre grupos terroristas con una determinada ideología y organizaciones de crimen organizado, como el Clan del Golfo o los carteles del narcotráfico.
En este sentido, creo que cada vez más la ideología está quedando en un segundo plano, tanto en Colombia como en otros países, y estos grupos están siendo más influenciados por el crimen organizado. Además, ya operan de manera completamente transnacional.
Son las mismas redes que funcionan entre Estados Unidos, México, Colombia y Ecuador para facilitar el tráfico de drogas ilícitas, como la cocaína en el caso colombiano o el fentanilo en el caso mexicano.
Con el cambio de gobierno en Venezuela, ¿cómo puede cambiar esa dinámica de violencia en la frontera?
Estados Unidos ha designado a varios carteles, incluido el Clan del Golfo, como organizaciones terroristas. Esto les ha permitido destinar más recursos tanto en materia de seguridad como de justicia. En México, por ejemplo, ha facilitado la extradición de miembros de distintos carteles.
También se han observado algunos cambios en las dinámicas regionales, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia. Tan solo con el proceso relacionado con Maduro, se registraron movimientos significativos de grupos de crimen organizado que operaban en Venezuela y que posteriormente se trasladaron hacia Colombia.
Esto es positivo en la medida en que facilita la interceptación de estos grupos y reduce la dependencia de la cooperación venezolana. Sin embargo, también implica nuevas dinámicas que todavía generan muchas preguntas.
Usted mencionaba que estas organizaciones ya no son tan ideológicas, sino más cercanas al crimen organizado. Según el análisis que han realizado, ¿por qué actúan ahora de esa manera?
Hay dos dinámicas principales. La primera es que estos grupos delictivos son organizaciones hiperviolentas y altamente rentables. Esto les proporciona herramientas importantes para expandir su impacto e influencia, tanto sobre la ciudadanía como sobre las instituciones del Estado, lo que representa un desafío muy grande para los ministerios de seguridad pública.
La segunda es que, cuando analizamos el terrorismo a nivel global, encontramos que suele estar asociado a economías emergentes, especialmente a fenómenos como la pobreza multidimensional y los abusos estatales. Esto se observa con claridad en países del Sahel y del África subsahariana, donde la respuesta estatal ha sido particularmente violenta.
Históricamente, en Colombia también puede hablarse de factores similares. En los países occidentales y economías más avanzadas, como Estados Unidos, Europa y Australia, hemos visto un fenómeno distinto: una acelerada radicalización de los jóvenes.
Se trata de jóvenes que no sienten pertenencia a ningún grupo, que se sienten solos y buscan un propósito en la vida. En muchos casos, pequeños grupos criminales o ideológicos les ofrecen el sentido de familia que nunca han tenido. Creo que en Colombia se presenta una combinación de ambos factores.
Seguimos teniendo altos niveles de desigualdad en las zonas rurales, elevados índices de pobreza y antecedentes históricos de abusos estatales. A esto se suma el impacto de las nuevas tecnologías, donde abunda la desinformación y que, para muchos jóvenes, resulta altamente influyente.
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