La Corporación Cívica de Caldas (CCC) analizó las tutelas interpuestas contra la Gobernación de Caldas por presunta vulneración del derecho de petición, entre el primero de enero del 2024 y el 28 de julio del 2025. 

¿Qué encontró la Corporación Cívica de Caldas? 

1. Durante ese periodo se registraron 835 tutelas, lo que es equivalente a 1.4 acciones diarias. 
2. El 84% de esas tutelas se concentra en dos dependencias: la Secretaría de Educación y la de Hacienda.

¿Qué advierte la Corporación Cívica? 

Pamela Jaramillo, gerente de la CCC, indica que las cifras reflejan “la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y mejorar la atención de los trámites administrativos para garantizar las respuestas oportunas y conforme a la ley para todos los ciudadanos. La Corporación Cívica de Caldas insiste en la importancia de avanzar en la transparencia activa para reducir la necesidad de que los ciudadanos acudan a acciones judiciales”. 

¿Qué responde la Gobernación? 

Frente a lo anterior LA PATRIA consultó a las secretarías de Hacienda y Educación de Caldas. En la primera dependencia no se obtuvo respuesta. Sin embargo, desde la cartera de Educación esto dijeron: 

“Es prioritario manifestar que la Secretaría ha conformado un equipo administrativo competente para que de forma oportuna se dé respuesta a las peticiones que los ciudadanos elevan ante su dependencia. 

Revisados los casos en los que fueron presentados escritos de tutela por vulneración del derecho fundamental de petición en contra de la Secretaría de Educación, se puede concluir que en varias de las acciones fuimos vinculados sin ser la parte directamente responsable de la vulneración del derecho fundamental.

Lo anterior, se debe a que la Secretaría de Educación cuenta en su nómina con un personal de 4.567 docentes, sin contar los docentes pensionados. Y dicha planta de personal eleva constantemente solicitudes para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 

Conforme a disposiciones legales, la competencia de la Secretaría de Educación radica en la proyección del acto administrativo que debe remitirse de forma posterior a reemisión a la fiduciaria, la cual se encarga de administrar el recurso, tal como lo establece el Decreto 1272 de 2018 y se deroga el Decreto 2831 de 2005, que establece el procedimiento para la reclamación de prestaciones económicas de los docentes.

Conforme a lo anterior, la Secretaría de Educación de Caldas se limita a recibir y radicar las solicitudes de prestaciones sociales elevadas por los docentes que pertenezcan a la entidad territorial, de acuerdo con los requisitos establecidos previamente por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del fondo, en este caso, Fiduciaria La Previsora – Fiduprevisora S.A., quien además es la llamada determinar si se paga o no una prestación.

  Así las cosas y a pesar de que la Secretaría de Educación cumple con su obligación legal de la elaboración de los actos administrativos, se ha podido determinar que se presentan dificultades con los tiempo en que la fiducia cumple con su obligación de pago, lo que conlleva a que el ciudadano presente la acción constitucional donde es vinculada la Secretaría de Educación

Es importante resaltar que a pesar de que podemos hablar de la presentación de un número considerable de acciones constitucionales, en un alto porcentaje muchas de ellas no tutelan los derechos por los argumentos que el área jurídica de la Secretaría le esboza al juez de tutela”. 

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