Tras el anuncio del Ministerio de Transporte y la Superintendencia que declaró ilegales las fotomultas impuestas en La Dorada, entre diciembre del 2018 y septiembre del 2019, por falta de calibración técnica, surge un interrogante en el municipio: ¿de dónde saldrá la plata para devolverle a los ciudadanos y pagar la millonaria sanción a la Nación?
El escenario es complejo. La Superintendencia de Transporte sanciona de manera directa e institucional a la División de Tránsito y Transporte de La Dorada, pues para el Gobierno nacional la responsabilidad de vigilar la legalidad del sistema recae exclusivamente sobre la autoridad territorial (la Alcaldía).
Sin embargo, en la práctica, el manejo operativo, tecnológico y financiero de estas cámaras no es del municipio. El sistema fue entregado en concesión a la empresa privada Construseñales S.A. mediante un polémico contrato firmado en el 2014 (durante la Administración de Erwin Arias Betancur), proyectado a 20 años y con una distribución de ganancias favorable para el particular.
Expertos jurídicos consultados por este medio señalan que el municipio no debería asumir con recursos públicos el costo de una negligencia técnica, como lo es la falta de calibración de los equipos de fotodetección.
Ante la sanción del Gobierno Nacional, la Administración municipal se vería en la obligación de iniciar procesos legales, activar pólizas de cumplimiento o entablar una Acción de Repetición contra el operador privado Construseñales S.A. El argumento central sería que fue el concesionario quien incumplió los requisitos técnicos exigidos por el Instituto Nacional de Metrología, generando este millonario detrimento.
Los derechos ciudadanos siguen intactos
Mientras las entidades y los abogados resuelven este choque jurídico y contractual sobre quién pagará los platos rotos, los derechos de los conductores afectados no se suspenden.
Los ciudadanos que pagaron fotomultas en La Dorada entre el 10 de diciembre del 2018 y el 3 de septiembre del 2019 mantienen intacto su derecho a exigir la devolución de su dinero mediante un Derecho de Petición radicado ante la Secretaría de Tránsito local.
Al respecto, desde la División de Tránsito de La Dorada manifestaron su disposición institucional frente al fallo, asegurando que cumplirán con lo solicitado y mandado por la Superintendencia de Transporte.
Además, la entidad local confirmó que le contestará y dará el trámite correspondiente a todos los usuarios que radiquen su reclamación dentro del marco de la normatividad vigente.
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