Foto | Procuraduría | LA PATRIA
La Procuraduría formuló cargos a dos exsecretarios de Caldas y dos ediles por presuntas irregularidades en contratación.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los exsecretarios de la Gobernación de Caldas Jorge Alberto Tovar Beltrán (Integración y Desarrollo Social) y Jaime Alberto Valencia Ramos (Hacienda), por supuestas irregularidades en la suscripción de contratos por prestación de servicios con dos ediles de Manizales, quienes ejercían funciones públicas al momento de firmar.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas señala que los contratos habrían sido suscritos a pesar de que los ediles Lorena Aristizábal Cardona y Gustavo Adolfo Restrepo Valencia, estaban en ejercicio de su cargo en el 2021, lo que representa una inhabilidad legal para contratar con el Estado.
Los exfuncionarios departamentales habrían suscrito los contratos alegando que los ediles cumplían con los requisitos de perfil y formación académica. No obstante, el Ministerio Público advierte que se ignoró la prohibición de contratar a servidores públicos que, por su calidad de ediles, no podían adelantar contratos con entidades estatales.
Los contratos en cuestión fueron celebrados durante la vigencia 2021, un periodo en el que ambos ediles hacían parte activa de las Juntas Administradoras Locales (JAL). La ley colombiana establece claramente que los miembros de corporaciones públicas locales no pueden celebrar contratos con entidades del Estado, salvo algunas excepciones no aplicables en este caso.
Posibles consecuencias disciplinarias
El ente de control calificó las conductas provisionalmente como falta grave cometida a título de culpa grave, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias que van desde la suspensión hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El Ministerio Público subraya que los implicados habrían incurrido en afectación de deberes funcionales y en una posible vulneración del principio de moralidad administrativa.
El proceso se encuentra en etapa de formulación de cargos, lo cual no implica aún sanciones definitivas, pero sí abre un escenario de juicio disciplinario ante la Procuraduría.
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